Organizaciones, pueblos, colectivas y cooperativas que integran la campaña “Luces de las resistencias” destacaron la incertidumbre en la que se mantienen ante los megaproyectos de energía limpia, por lo que se pronunciaron respecto a la necesidad de reorientar el debate sobre la transición energética hacia principios de justicia y democracia, “indispensables para el interés de los pueblos y las comunidades”.
“Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si aumentará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras, bosques y aguas comunes”.
En un comunicado, subrayaron que la generación de energía por parte de la CFE ya ha violado derechos humanos, tal como lo hacen las empresas privadas.
“Tenemos como ejemplo los intentos de imposición del tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca, o la Parota, en Guerrero, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos, siendo la CFE protagonista de acusaciones judiciales directas hacia defensoras y defensores del territorio”.
Resaltaron la oposición al Proyecto Integral Morelos, la cual cobró la vida de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador indígena de la comunidad de Amilcingo, Morelos.
“A tres años su asesinato, no se ha encontrado a los autores materiales e intelectuales de tan grave violación a los derechos a la vida, la tierra y al acuerdo de Escazú firmado por el estado Mexicano”.
Señalaron que el centro de la reforma eléctrica no puede ser solo la soberanía estatal de los recursos a explotar, sino que debe revisar críticamente el modelo extractivo.
“Tal es el caso del litio, que se busca convertir en un mineral estratégico, prioritario para el Estado, ignorando los problemas territoriales derivados de la minería, la devastación ambiental irreversible y la enorme cantidad de agua que requiere, lo que da cuenta de cómo se pretende dar solución a un problema global mediante una transición energética que replica y exacerba lo mismos problemas sociales y ambientales ya antes señalados. No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo”.
De ese modo, indicaron que mientras el cambio de fuentes fósiles a renovables esté en manos de intereses económicos corporativos y no se oriente hacia el bien común, sólo se hablará de falsas soluciones tecnológicas y no de una transición democrática y justa.
“Es de vital importancia incluir en la nueva reforma eléctrica el derecho humano a la energía eléctrica y, con ello, discutir el establecimiento de una tarifa socialmente justa. La energía no puede estar supeditada a las leyes del mercado y a la fluctuación de precios”.
JLMR
