La organización Transparencia Mexicana informó que vigilará el uso de recursos públicos para la compra de vacunas contra el covid-19 que haga el gobierno federal y los 32 gobiernos estatales.
En un comunicado, la agrupación anunció que, ante la decisión del gobierno federal de autorizar la gestión y compra directa de vacunas por parte de entidades federativas y municipios, activó un mecanismo de seguimiento para contrastar los niveles de acceso a la información en la contratación de las vacunas.
Mediante ese mecanismo, se monitoreará qué tan abiertas son las contrataciones del gobierno federal y de las 32 entidades federativas del país, para la adquisición de vacunas y tratamientos para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus.
Dicho mecanismo incluirá la vigilancia de las adquisiciones que se realicen con recursos fiscales mexicanos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y Covax.
El seguimiento que haga Transparencia Mexicana se realizará en coordinación con la Iniciativa Global para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership, OCP).
“Sin perjuicio de los derechos de las empresas para proteger patentes y otras estrategias comerciales, se puede ampliar significativamente el nivel de transparencia y apertura gubernamental sobre el uso de recursos públicos invertidos en la adquisición de las vacunas y tratamientos”, dictaminó Transparencia Mexicana.
La organización aseguró que las decisiones en el uso de recursos públicos que tomen la Federación, los estados de la República y algunos municipios con capacidad financiera para adquirirlas, excederán el periodo de emergencia sanitaria.
“Lo decidido por autoridades federales y estatales afectará no sólo la compra de la aplicación inicial y refuerzos; muy probablemente se convertirá en una compra sistemática y recurrente del Estado mexicano para la próxima década”, argumentó.
Transparencia Mexicana informó que establecerá comunicación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con órganos autónomos, para asegurarse que se cumpla cabalmente lo dispuesto en los artículos 6, 28 y 134 constitucionales, que norman la transparencia, las adquisiciones gubernamentales y la competencia económica en territorio nacional.
LP
