El Partido Movimiento Ciudadano, junto con su Grupo Legislativo en el Congreso del Estado, arremetió en contra de las administraciones municipales por permitir la reapertura de más casinos en la zona metropolitana.
Lo anterior, luego de que en los municipios de Guadalupe y San Nicolás se informara de la reapertura de dos casinos, y ante el rumor de que en Monterrey podría abrirse otro más.
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Samuel García, dirigente estatal de MC y diputado local por ese partido, comentó que Nuevo León ya no quiere más casinos y prueba de ello es que desde el Congreso local crearon un impuesto del 10 por ciento de los ingresos generales de estos establecimientos.
“Nuevo León ya no quiere casinos, por eso pusimos un impuesto para fomentar el desuso de esas máquinas, ¿por qué están abriendo?, ¿qué tecnicismos legales están permitiendo que se vuelvan a abrir?, MC está en contra de más casinos, por eso les pusimos un impuesto. Si los alcaldes quieren en realidad dar la cara de que no quieren casinos, quiero ver qué dice tu jurídico. Hay que estudiar el caso en particular de ese casino de San Nicolás y de Guadalupe y ver quién tuvo la culpa”, dijo.
“Lo que sucede es que los casinos con argucias legales, a veces sin permiso federal, a veces sin permiso local, y a veces sin las anuencias de Protección Civil, abren de anchas a mangas; llega municipio, clausura y muchas veces ese acto contiene ilegalidades o vicios y no me extraña que hasta lleve arreglos para que se equivoquen adrede”, agregó el dirigente del MC.
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Expresó que ante esto, los representantes de los centros de apuesta recurren a un juicio contencioso administrativo que dura años, y luego de muchos años salen las resoluciones.
Notivox Monterrey informó hace unos días que el municipio de Guadalupe fue obligado a entregar el permiso de uso de edificación al casino Queen’s, por órdenes de Juana Aurora Treviño Torres, polémica magistrada de la primera sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, a la empresa Protón Entertainment México, SA de CV.
La casa de apuestas, de inversionistas italianos, entabló un litigio y juicio administrativo desde febrero 2009 contra el Ayuntamiento.
Sin embargo, después de dilatar el otorgamiento de la licencia desde noviembre de 2010, fue hasta el pasado 17 mayo de 2016 cuando el municipio se vio obligado a cumplir con la sentencia de la magistrada.
“Lo que sí es verdad es que la reforma constitucional que prohíbe casinos fue posterior al acto del municipio, entonces el municipio (de Guadalupe) no puede alegar de manera irretroactiva esa reforma constitucional, pero yo lo que quisiera y ojala tuviéramos las fuentes para hacerlo es estudiar el caso jurídicamente para ver si los municipios no se prestan.
“Por la nota que da la magistrada de que había causado ejecutoria el caso porque el municipio no apeló, ya huele mal; ¿por qué no apelas?, estás obligado a apelar, perdiste, ¿te estás dejando o hay un arreglo?, ¿estás solapando?”, expresó Samuel García.
Sugirió que el Tribunal Contencioso Administrativo desaparezca y que se integre al Poder Judicial.
