El calendario de México parece durar seis años.
En cada ciclo político, la nación mira al pasado para retomar un rumbo distinto y concretar, por fin, un proyecto de desarrollo que resuelva sus grandes problemas.
Más la terca realidad acaba por mostrarnos los horrores concurrentes que nos alejan de la normalidad política y social que pensamos.
La noche de Ayotzinapa desbarató el intento de las élites políticas por consolidar un modelo de gobierno basado en el pactismo político; los escándalos de corrupción, desde los “moches” hasta la “estafa maestra”, las mansiones obsequiadas o financiadas a altos servidores públicos, arrojaron al abismo del descrédito a los servidores públicos.
Mientras, la reciente explosión de Tlahuelilpan, nos recuerdan que los beneficios inmediatos ofertados por el crimen organizado a los sectores más desprotegidos de la población, perviven bajo condiciones de peligro grave.
Los efectos de estos graves acontecimientos terminan por marcar la agenda, polarizan el ánimo de la gente, generan desconfianza y disuelven la gobernanza.
Se vuelven así inútiles los esfuerzos realizados.
Frente a la emergencia y la gravedad de los acontecimientos sociales de nada parecen servir los cambios adoptados, como las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, un acontecimiento definitivo para el diseño institucional del Estado; y, la del 07 de febrero de 2014, que consolidó la noción de que el poder público debe sujetarse al amplio escrutinio de sus actos, como única fuente de legitimación.
Ningún remedio institucional parece ser suficiente y adecuado para recuperar la esperanza de vivir en un México de justicia, democracia y respeto al derecho ajeno.
Esto es lo que debe de cambiar para que el país salga adelante.
Es momento de que el poder público se sujete a un ejercicio moderado, sensible a los problemas sociales, valiente al adoptar medidas, capaz de entender que la rendición de cuentas y la transparencia genuina son sus mejores herramientas.
El origen de nuestros grandes problemas se encuentra en el uso del poder. La única manera de romper esa inercia es a través de revalorar su ejercicio, sujeto a los más estrictos estándares de responsabilidad, pensando en los principios y formas del sistema democrático.
Los estándares a los que me refiero tienen los siguientes componentes:
Un poder eficaz y eficiente, que ejerza los recursos públicos con honestidad y transparencia.
Que no renuncie al ejercicio de sus facultades, que desarrolle las que sean necesarias para atender las necesidades de la gente.
El requisito más importante para un buen gobierno es la autoconciencia de que no siempre se tiene la razón ni la verdad de las cosas.
La vieja fórmula de la duda cartesiana debe ser sustituida en el gobierno, por una alternativa que someta a constante control y revisión los propios actos, sin inmovilizarlo, que fortalezca el modelo vertical y horizontal, interno y externo de rendición de cuentas.
Necesitamos servidores públicos que sometan a control sus actos, que informen oportunamente, con calidad, con perspectiva ciudadana, todo aquello que refiera al ejercicio de sus responsabilidades.
Es ahí donde la transparencia y el derecho de acceso a la información integran las más importantes herramientas para consolidar un intento genuinamente transformador, un nuevo modelo de ejercicio del poder, ajeno al autoritarismo, al secretismo y a la opacidad, cuñas de la corrupción, la impunidad, del uso indebido del poder público.
Generar información útil y permitir su acceso a la población, la mejor ruta para empoderar a la gente y revertir las condiciones que han supeditado al gobierno a suministrar información estratégica a los agentes relevantes de poder; que ahora, permita socializarla para un uso intensivo y adecuado, prueba para castigar todo delito de corrupción.
Abrir el gobierno, sin perder su capacidad de operación, sin obstaculizar la toma de decisiones, sujetarlo a fuerte escrutinio social, aceptar modelos de diálogo constructivo y promover la generación de sinergias sociales, incentivar la participación ciudadana son los retos del momento actual.
LC
