A casi 25 años del homicidio del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la historia de los tres sentenciados por el crimen podría dar un giro esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de sentencia, en el que propone otorgar un amparo a Carlos Ángel Cantú Narváez, uno de los copartícipes en el asesinato, decisión que también beneficiaría a Daniel Aguilar Treviño y a Fernando Rodríguez González.
En su demanda de amparo, Cantú Narváez argumentó que fue torturado en las oficinas de la Procuraduría General de la República por un grupo aproximado de 20 personas uniformadas y que fue condenado a través de declaraciones de los co-imputados, y que éstas fueron obtenidas mediante tortura.
El sentenciado manifestó que tampoco se acreditaron los elementos del delito ni su responsabilidad penal en la comisión del mismo, pues de las declaraciones de los testigos de cargo no se desprende que haya estado en el lugar de los hechos.
Asimismo, Cantú Narváez dijo que se otorgó valor probatorio a pruebas testimoniales que no fueron ratificadas ni confrontadas.
El proyecto, que será analizado por la Primera Sala el próximo 3 de mayo, propone amparar a Cantú Narváez para el efecto de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordene a las autoridades analizar el argumento de tortura, tanto en su integridad personal como en las incriminaciones en su contra bajo la aducida tortura de los co-imputados.
“Dé vista al Ministerio Público (Fiscalía General de la República) para que investigue la tortura en su vertiente de delito. Revise oficiosamente las constancias y determine si existe base razonable para tener por acreditada la tortura –tanto del quejoso como de sus co-imputados–, conforme a su alegato y datos desde la instancia penal.
“Al respecto, deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado desarrollados en la presente sentencia. De ser así, excluya el material probatorio obtenido directamente de la misma, lo cual comprende todo dato, indicio o información incriminatoria”.
El ministro detalla que si los indicios no fueran suficientes para acreditar la existencia de tortura, se deberá ordenar la reposición del procedimiento para que se lleve a cabo una investigación diligente y exhaustiva, con base en el Protocolo de Estambul.
“En virtud de los anteriores efectos de la protección constitucional, los eventuales temas que surjan podrían ser materia de estudio por parte de los órganos jurisdiccionales que continúen con el conocimiento del asunto, lo cual podría devenir en una nueva sentencia y, en su caso, en una posterior impugnación a través del juicio de amparo”, indica el proyecto.
El 28 de septiembre de 1994, el secretario general del PRI y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesinado por un grupo de sicarios a las puertas del hotel Casablanca, en Ciudad de México.
Después de disparar contra el priista, Daniel Aguilar intentó huir pero fue detenido por elementos de la Policía Bancaria Industrial en avenida Paseo de la Reforma; días después se capturó Carlos Ángel Cantú Narváez; ambos fueron señalados de recibir 50 mil pesos por parte de Fernando Rodríguez para matar Ruiz Massieu.
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