Más de un centenar de organizaciones civiles de México e internacionales contra la tortura le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador “no utilizar la crisis de salud pública derivada de la pandemia por covid-19” para emitir informaciones que abonan al clima de impunidad y favorece la tortura”.
En un pronunciamiento conjunto, critican lo dicho el pasado 5 de abril por el Presidente quien afirmó “hemos erradicado la tortura”.
Sin embargo, los firmantes de dicho pronunciamiento, desmienten: “la tortura en México, persiste”.
Y refieren que “emitir informaciones que van en contra de la protección, respeto y garantía de los derechos humanos”, genera una mayor impunidad.
El documento está suscrito por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad-CCTI, Organización Mundial Contra la Tortura-OMCT y Grupo de Litigantes en América Latina; además de más de una centena de organizaciones civiles de México.
En su documento de cuatro hojas, le piden al Estado mexicano cumplir las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura de la ONU en su 66 periodo de sesiones del 25 de abril del año pasado, cuando se reunió en Ginebra, Suiza.
Dichas recomendaciones piden atender las causas estructurales de la tortura cometida contra personas y pueblos originarios. Que la reparación integral en estos casos “abarquen no solamente la dimensión individual, sino también el impacto comunitario de los hechos”.
Le piden la puesta en marcha de un “mecanismo de control efectivo de las detenciones de las personas indígenas en el que se garantice la presencia sin demora de un intérprete y un abogado defensor”.
Además, proponen retomar la solicitud del relator del Comité contra la Tortura, Diego Rodríguez-Pinzón, quien pidió al México “hacer un pronunciamiento público, donde reconozca y rechace el alcance de la tortura y la impunidad, poniendo freno a la estigmatización hacía las víctimas y quienes les defienden”. Además de su compromiso de no permitirla, bajo ninguna circunstancia.
Los firmantes contradicen lo dicho por el Jefe del Ejecutivo y para ello hacen alusión a un Informe del Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’, donde se asienta que de enero del año pasado a marzo del presente, ocurrieron por lo menos 18 casos de tortura.
Ellos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Cintalapa, Chicomuselo, Bochil, Altamirano y la Concordia. Todos en el estado de Chiapas.
“La práctica de la tortura está enraizada y propagada en México. Existe la desconfianza dentro del nuevo sistema penal, específicamente en los funcionarios encargados en la procuración de justicia por seguir convalidando los actos de tortura llevados a cabo por los cuerpos policiacos, los cuales perpetúan este método como parte de su práctica de investigación de delitos”.
AE
