Maki Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, destina uno de cada cuatro pesos del presupuesto municipal al pago de nómina, de tal manera que en 2017 gastó 375.8 millones de pesos en ese concepto, de acuerdo con información de su cuenta pública no aprobada por el Congreso del Estado
En el documento se observa que durante ese ejercicio fiscal recibió un presupuesto por mil 489 millones 158 mil 959 pesos, de los cuales el 25.24 por ciento lo utilizó en sueldos de la burocracia municipal, dejando en segundo término la inversión en obra pública, que fue de 369.4 millones de pesos, el 24.81 por ciento.
Según información de la página de Internet del municipio, Reynosa tiene 576 plazas de base y mil 550 de confianza, es decir el triple a las sindicalizadas.
El resto del presupuesto se divide en servicios generales, con 317.9 millones de pesos, 21.35 por ciento; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 161.1 millones, 10.82 por ciento; materiales y suministros 112.9 millones, 8 por ciento.
Reynosa también aplicó 71.7 millones de pesos en deuda pública, el 4.82 por ciento de su gasto anual; luego aparece el concepto de bienes muebles, inmuebles e intangibles, 65.6 millones de pesos, con 4.4 por ciento y participaciones y aportaciones que aparecen como devoluciones, 14.3 millones de pesos.
Bajo investigación
Con el propósito de verificar los documentos comprobatorios del gasto público devengado, el ayuntamiento de Reynosa puso a disposición de la Auditoría Superior del Estado el material respectivo.
En opinión del órgano fiscalizador, de acuerdo con la revisión efectuada, no se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, el resultado de sus operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
Por tal motivo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la cuenta pública, misma que no fue presentada en los términos que marca la ley, pues las partidas de ingresos y egresos no se encuentran debidamente justificadas y comprobadas.
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En consecuencia, la gestión financiera en análisis no observó las disposiciones aplicables en materia de registros y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra y adquisiciones, así como el manejo de bienes muebles e inmuebles.
La administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios no se ajustaron a la legalidad causando probables daños o perjuicios a la hacienda pública.
Se instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que iniciara el procedimiento correspondiente en este caso.
GINS
