La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anticipó una “limpia” de contratos colectivos firmados sin el consentimiento de los trabajadores, como parte del proceso de implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En reunión a distancia con la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado de la República, la funcionaria explicó que la totalidad de contratos colectivos, tanto federales como locales, deben pasar por un proceso de legitimación, “pues hubo muchos que se firmaron sin el consentimiento de los trabajadores y se pretende hacer una especie de limpia”.
Aunado a lo anterior, los sindicatos tendrán que modificar sus estatutos no solo para democratizar su vida interna mediante la elección de dirigentes por voto libre, directo y secreto, sino también en aspectos como la rendición de cuentas a sus agremiados y la paridad de género en sus dirigencias.
Señaló que, como consecuencia de la pandemia de covid-19, los plazos para la reforma de los estatutos se ampliaron hasta que las entidades federativas se encuentren con el semáforo epidemiológico en color verde.
Refirió que a nivel federal existen 2 mil 48 sindicatos vigentes y, de ellos, mil 754 ya modificaron sus estatutos, mientras que con las organizaciones sindicales a nivel local existe “un reto gigantesco”, pues de 14 mil de ellos, solo mil 343 han modificado sus estatutos, es decir, 9.5 por ciento.
Durante el encuentro con los senadores del grupo encabezado por la priista Claudia Ruiz Massieu, Alcalde precisó que la estrategia de implementación de la reforma laboral consta de tres etapas.
La primera, debido a la pandemia, comenzará en noviembre y abarcará ocho estados, donde se realizará la apertura de tribunales laborales del ámbito federal y local, centros de conciliación local y se iniciará la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
A su vez, la segunda etapa considera trece estados e iniciará en octubre de 2021, mientras la tercera y última fase se prevé para el 1 de mayo de 2022 en las restantes once entidades federativas, por lo que a partir de entonces se considerará totalmente implementado el nuevo modelo laboral.
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