Con 67 votos a favor, 29 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Senado avaló en lo general y lo particular la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública investigación e inteligencia que, prevé el acceso de las instituciones del Sistema Nacional de Investigación a Inteligencia a todas las bases de datos personales, biométricos, telefónicos, vehiculares, financieros, bancarios, entre otros, en poder del gobierno y de particulares.
Al calificar esta norma como “La Ley Espía”, la oposición rechazó nuevamente que las autoridades puedan acceder a la geolocalización y datos biométricos de los ciudadanos. Y así les respondió el morenista Félix Salgado Macedonio:
“¿A qué le tienen miedo?, seamos francos y sinceros, ¿a qué le tienen miedo?, ¿a la geolocalización para que no los encuentren sus esposas?, ¿a qué no les encuentren sus cuentas bancarias en Endorra?, ¿en los países donde existen los paraísos fiscales donde se lava el dinero?”.
Entre los objetivos del sistema, resaltan diseñar y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración para que la información contenida en registros, registros administrativos, bases de datos y demás fuentes de información sean consideradas de utilidad para las tareas de inteligencia en seguridad pública en posesión de las autoridades y de particulares.
Además, aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia para consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información en la creación de bases de datos y productos de inteligencia mediante el análisis criminal, para la prevención del fenómeno delictivo.
También contar con una plataforma de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública.
En cuanto al CNI, podrá consultar, procesar, sistematizar, integrar, analizar y, en general, utilizar la información a la que tenga acceso a través de los mecanismos de coordinación y colaboración del Sistema Nacional. Asimismo, realizar investigaciones para la prevención de los delitos mediante el uso de cualquier tecnología.
En los escaños de los morenistas se colocaron carteles donde se leía: “PRI PAN Ustedes armaron al crimen, nosotros lo estamos desarticulando”… “Recursos, estrategia e Investigación”… “La pacificación de México se logra con profesionalización, coordinación e inteligencia”; mientras que en los escaños de la oposición: “Con Morena se disminuyó 43% el presupuesto de prevención del delito”… “con Morena mientras el país sangra, el gobierno federal recicla fracasos”.
Al defender el dictamen, el senador de Morena, Raúl Morón dijo que gracias a esta Ley “vamos a consolidar a la soberanía, a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el órgano articulador de las tareas de inteligencia del país con atribuciones claras para coordinar a las policías municipales y estatales y con capacidad técnica para tomar decisiones con base en evidencias".
"Por otro lado, el Consejo de Seguridad brindará gobernanza interinstitucional al sistema, asegurando que las decisiones no se tomen de manera aislada sino con base en criterios colegiados técnicos y estratégicos. Esta reforma no nace de ocurrencias sino de una visión de gobierno que entiende que la seguridad no se improvisa, se planifica, se profesionaliza y construye con herramientas modernas”.
A nombre de Acción Nacional, Marko Cortés dijo que no se permitirá que sin orden judicial se pueda acceder a la información de los ciudadanos, como existe actualmente.
“En su conjunto lo que están votando son leyes espía para la vigilancia masiva y sin control judicial. Están votando por un hiperpresidencialismo. Están empoderando a los brazos operadores de la presidencia sin ningún control ni límite, están militarizando la seguridad y de una manera clara van a incrementar la violación a los derechos humanos.
"No podemos aceptar que el régimen tenga un acceso ilimitado y sin control a la vida privada, eso ya lo pueden hacer, pero con órdenes judiciales. Es inaceptable que sea de manera permanente, discrecional y sin orden judicial. A través de la CURP, de los datos biométricos y del celular van a tener toda nuestra información”.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena explicó que se está haciendo una herramienta estrategia para construir un estado de capacidades reales de prevención y justicia, ya que el país lleva décadas enfrentando un problema estructural.
“La inteligencia que debería prevenir delitos, salvar vidas, evitar tragedias está dispersa. Sin coordinación ni control democrático, por eso esta ley marca un antes y un después, porque por primera vez en la historia del país, dotamos al Estado mexicano de un sistema coordinado, legal y profesional de inteligencia para la seguridad pública, no para la vigilancia política, como lo hacían antes, no para la represión como lo hacían antes sino para la justicia y la paz”, subrayó.
Laura Estrada de Morena rechazó que se le llame “Ley Espía” a esta norma, “es sumamente relevante para la investigación de los delitos que más dañan a nuestra sociedad.
"La información y pruebas que las policías recaben gracias a la Ley que hoy discutimos no podrán ser obtenidas de manera arbitraria o pena de ser declaradas nulas, y es así porque la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que toda intervención a la vida privada se realice primero, bajo la conducción del agente del MP y con el control judicial a cargo de un juez especializado en llamadas telefónicas”.
Anabell Avalos del PRI aseguró que es “anticonstitucional que se pretenda crear un sistema informático con información personal de los ciudadanos con meros fines de inteligencia o bajo una supuesta prevención del delito. Lo que en realidad quieren tener es tener un aparato de espionaje".
"Es importante considerar que estamos en un contexto en donde desaparición un órgano garante en materia de datos personales y éstos quedaron en manos del Ejecutivo federal que será el que nos espíe y nos vigile”.
La emecista Amalia García dijo que en México vemos que la falta de investigación rigurosa alimenta la impunidad. De cada 100 delitos, añadió, 96 no se resuelven por ausencia de capacidad de investigación y de trabajo profesional. La vigilancia de poco sirve si no hay expedientes bien integrados por fiscales, peritos y policías investigadores.
“La inteligencia debe servir para proteger a la ciudadanía y a un Estado democrático de derecho, para preservar las libertades y la paz pública. No puede y no debe ser un arma de espionaje político. Porque hay malas experiencias en nuestro país. Solamente recordemos el malware Pegasus, que fue utilizado en contra de defensores de derechos humanos, de activistas, de Carmen Aristegui, del activista Raimundo Ramos, que fue espiado por el Ejército.
"Los dos sexenios anteriores utilizaron el malware Pegasus. Esto se dio en la opacidad y ante la ausencia de controles parlamentarios, judiciales y ciudadanos. Por eso es imprescindible construir mecanismos de supervisión democrática para evitar dicho abuso. La gravedad de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos para construir un Estado democrático de derecho queda plasmada aquí”, expuso.
Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN adelantó el voto en contra de su bancada: “no aceptamos que se obligue a particulares a entregar sus bases de datos sin defensa legal".
"No aceptamos que se pueda compartir estos datos con gobiernos extranjeros, incluyendo a los Estados Unidos sin límites ni reciprocidad. No aceptamos un modelo que carece de supervisión legislativa, que no rinde cuentas que se abren las puertas a la opacidad, al abuso y al uso político de la inteligencia. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y este sistema no es de inteligencia, es de una vigilancia masiva”.
Por eso, insistió, “desde Acción Nacional decimos sí a la seguridad, no al espionaje. Sí a la inteligencia con control democrático, no a la vigilancia sin reglas".
"Vamos a votar a favor de lo que el país necesita, pero nos opondremos con firmeza a lo que debilita los derechos y las instituciones”.
Así fue la discusión en el Senado:
¿En qué consiste la ley?
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que tiene por objeto establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema en la materia, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, a fin de hacer eficientes los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que los generan y lograr la paz social.
Define dicho sistema como un mecanismo de coordinación que contribuye a la seguridad nacional y a la pacificación del país, en apego a la normativa aplicable y al respeto de los derechos de la ciudadanía. Indica que la inteligencia, junto con la investigación, deberá ser considerada como parte de las estrategias que en materia de seguridad pública implemente el gobierno federal para la construcción de la paz en todo el territorio nacional.
Subraya que el Sistema Nacional se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad, profesionalismo, cooperación, coordinación, oportunidad, necesidad, precisión, eficacia, eficiencia, lealtad, proporcionalidad, honestidad y confidencialidad, y se orientará por los valores de patriotismo, humanismo mexicano, federalismo cooperativo, respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
El Sistema Nacional, precisa, estará conformado por el Consejo Nacional, que lo dirige, toma decisiones y ejecuta estrategias; por la Secretaría, que lo coordina, el CNI, que lo gestiona y opera.
Se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que utilizará la Plataforma Central de Inteligencia para realizar acciones de investigación e inteligencia en seguridad pública y desarrollar productos de inteligencia mediante el intercambio efectivo de información.
Además, contará con agentes analistas, investigadores de gabinete y de campo, así como con especialistas técnicos capacitados y certificados, y cuando existan elementos suficientes para ello, dichos agentes pondrán a disposición del Ministerio Público la información obtenida, con la finalidad de que éste último la analice y determine la pertinencia de su integración a las carpetas de investigación.
Añade que todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros y registros administrativos deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con lo previsto en la ley.
De igual forma, incluye definiciones del Sistema Nacional de Información, la Plataforma Única de Identidad, Criterios técnicos y de homologación, así como Análisis criminal y productos de inteligencia.
En el apartado transitorio de la minuta, se fija que la Plataforma Central de Inteligencia deberá iniciar operaciones en su totalidad en un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.
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