A Jorge Musalem le llegaban a su casa, donde habitan seis personas, recibos de luz de 2 mil a 2 mil 500 pesos al mes. Tras valorar opciones para bajar su gasto, decidió invertir 50 mil pesos para instalar en su techo un sistema de cuatro paneles solares con los que produce mil 320 watts.
Con ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le dejó de aplicar la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) y le dio una tarifa subsidiada, con la que paga solo 150 pesos al mes, 93 por ciento menos que antes. “En 10 bimestres recuperé mi inversión”, contó a MILENIO. Ahora sólo se sube a limpiarlos cada tres meses.
Así como Jorge, decenas de miles de usuarios instalaron plantas de generación en México y hoy, ante la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus inversiones se encuentran en el limbo; temor que en opinión de los especialistas consultados es real y afectará a muchas personas y negocios pequeños.
En México hay alrededor de 3 mil 141.8 millones de dólares invertidos en este tipo de plantas eléctricas, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Hasta 2020, los techos solares sumaron más de 1 gigawatt de capacidad de generación en México, y cerca de 95 por ciento pertenecen al segmento doméstico y de pequeños comercios.
La reforma constitucional en materia eléctrica no deja del todo claro qué alcances e implicaciones tendrá para proyectos de particulares o micro y pequeños comercios, que por tener paneles solares en sus techos y estar interconectados a la red de CFE se consideran dentro del rubro de generación distribuida. La incertidumbre detuvo varios proyectos que se tenían previstos en el país.
Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), aseguró que sí habrá una afectación a la generación distribuida con la reforma eléctrica.
“Estoy consciente de que la secretaria (de Energía) y alguna que otra persona han salido a decir que la generación distribuida no va a ser afectada, pero la iniciativa explícitamente dice otra cosa”, aseguró.
Mientras que Carlos Tapia, CEO de la consultora Balam Energy, dijo que, a pesar de ver la propuesta más enfocada a limitar la generación a gran escala, la forma en que está redactada es sumamente ambigua, lo que genera preocupación.
“Tú puedes suponer que en el momento que dice que cancela los contratos con el sector privado, pues ahí están los de tu casa”, sostuvo.
Generación in situ
La generación distribuida o in situ engloba diversas tecnologías para producir electricidad en pequeña escala, cerca o incluso en el mismo sitio de consumo. Además de paneles solares, puede producirse vía aerogeneradores (eólica), o sistemas de agua (hidroeléctrica).
La capacidad de generación de una planta de generación distribuida no puede ser mayor a 0.5 megawatts, que, de acuerdo con Carlos Tapia de Balam Energy, es una cantidad de energía más que suficiente para alimentar cualquier casa, por muy grande que sea.
En el país, hasta junio de este año, 99.15 por ciento de los 242 mil 742 sitios de generación distribuida reconocidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) utilizan paneles solares.
Sólo 87 plantas son de energía eólica (0.03 por ciento del total) y 4 hidroeléctricas (0.001 por ciento). El resto (0.81 por ciento) se distribuye entre tecnologías como biogás, biomasa, gas, diésel y cogeneración.
Severo López Mestre, analista del sector energético, afirmó en entrevista con Notivox que en el esquema de generación distribuida, es necesaria la interconexión con la CFE, puesto que ésta funciona como una batería cuya electricidad será usada por los usuarios cuando el Sol no esté brillando.
Para iniciar la operación de estas plantas, es menester primero “hacer un estudio de una interconexión ante CFE Suministrador de Servicios Básicos, indicando todo lo que vas a poner, las características de tus paneles y demás”, explicó Tapia.
Una vez que CFE lo analiza, agregó, se hace un contrato de interconexión -para que la planta generadora y el sitio de consumo sigan conectados a la red eléctrica nacional- y se le coloca al usuario un medidor especial.
El equipo que se instala sirve para medir tanto la cantidad de energía de la CFE que se consume como la de los paneles que se inyecta a la red. Cada mes se hace un balance y, dependiendo de éste, se determina si la CFE le paga o le cobra al usuario.
Reforma ambigua
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, buscó calmar la incertidumbre y a través de Twitter afirmó el pasado 6 de octubre que la reforma eléctrica no propone eliminar la generación distribuida; sin embargo, en opinión de los especialistas, esta explicación contradice con el texto de la iniciativa.
Si bien en ninguna parte de la iniciativa se habla expresamente de la generación distribuida, plantea que los “permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.
A lo cual Severo López aseveró que de aprobarse como fue enviada al Congreso, los paneles solares que la gente tiene en su casa serían inconstitucionales.
“El tweet de la secretaria de Energía está equivocado, porque sí sería inconstitucional la generación distribuida”, sentenció Severo López.
Julio Valle de Asolmex refirió que se deja de manifiesto la intención de cancelar todos los contratos y permisos habilitados para generar electricidad desde el sector privado, restricción en la que entrarían los contratos de generación distribuida que fin de cuentas son entre CFE y usuarios privados.
Por su parte, Carlos Tapia dijo que esa incertidumbre trajo afectaciones en la industria eléctrica pues se han detenido inversiones en ese tipo de centrales de generación.
Consideró que será hasta que se aprueben las leyes secundarias cuando sabremos realmente cuál será el destino de la generación distribuida.
En contraste, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena), presidente de la Comisión de Energía del Senado, afirmó que con la aprobación de la reforma energética, está garantizada la continuación de la generación distribuida.
Rechazó que dentro del artículo transitorio en el que se plantea cancelar los contratos con privados entre la generación distribuida, puesto que los usuarios con este esquema no requieren ningún contrato.
“La parte que sí entra ahí (en ese artículo transitorio) es el régimen de autoabasto”, externó el diputado.
Indicó que cuando se pone una planta de generación in situ lo que se firma con la CFE no es un contrato, “sino un servicio en donde te van a instalar un medidor bidireccional”.
MRA
