La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos para crear el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales con el fin de garantizar la seguridad, salud física y psicológica de mujeres, niñas, niños y adolescentes ante dichos agresores.
El registro sería de carácter público y contendría los datos de personas sentenciadas por los delitos de corrupción de menores en su modalidad sexual, pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, abuso sexual de menores y violación.
Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las leyes Nacional de Ejecución Penal y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ayudarían a prevenir y reducir los delitos sexuales, al permitir a las autoridades identificar a infractores y reincidentes, contribuyendo a su detención y a la lucha contra la impunidad, sostuvo la bancada priista encabezada por René Juárez en el Palacio de San Lázaro.
Se coadyuvaría asimismo al cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, así como a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
“Ante el aumento de delitos sexuales contra estos segmentos poblacionales, es necesario recurrir a herramientas eficaces para proteger sus derechos humanos, facilitar las investigaciones, disminuir la probabilidad de reincidencia y reducir los índices de impunidad”, puntualizaron los legisladores firmantes de la iniciativa.
De acuerdo con la organización México Evalúa, 99.7 por ciento de los delitos de violencia sexual contra mujeres cometidos en 2019 no fueron denunciados y hubo más de seis millones de víctimas, en tanto cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación.
A su vez, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Christian Skoog, declaró que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes “es alarmante y, por mucho, está por encima del promedio mundial”, agudizada por la inseguridad social, los altos niveles de impunidad, presencia del crimen organizado y la normalización de la violencia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 hubo dos mil 81 presuntas agresiones de este tipo; en 2018, dos mil 962, y en 2019, tres mil 461.
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