Al acusar que hay cobros excesivos en las plataformas digitales, como Uber y Didi, el diputado local del PAN, Roberto Farías, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, con el fin de que las tarifas sean autorizadas y reguladas por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA).
En un comunicado, se informó que Farías acudió a la Oficialía de Partes del Congreso, donde dijo que a la fecha no se ha logrado regular un criterio uniforme que ponga un alto a los cobros excesivos de empresas en el ramo del transporte privado.
“En Nuevo León existe el antecedente de quejas de ciudadanos por el alza de tarifas desmedidas, las cuales deberían ser reguladas por las autoridades competentes, conforme a dicha Ley, para beneficiar la economía de los ciudadanos y el balance dentro de la competencia económica en el sector de servicios de transporte privado, así también para procurar el control de servicios ofrecidos en el estado, garantizando una mayor calidad y mejor oferta para los usuarios”, detalló.
Se planteó, expuso, las reformas a los Artículos 30 y 99 de la Ley de Movilidad.
"El objetivo de la presente iniciativa es asegurar que existan condiciones de entrada y operación que atiendan mercados diferentes, ofreciendo así opciones y condiciones de mejora de todos los servicios por la existencia de la competencia económica, partiendo de la premisa de que la sociedad de nuestro estado pueda recibir un nivel diferente de servicios de transporte”, enfatizó.
Proponen cárcel para responsables de incendios forestales
Por el daño que representa al medio ambiente y al patrimonio de las familias, diputados locales del PAN propusieron prisión de hasta 10 años y sanciones económicas para quienes provoquen incendios forestales.
La propuesta, entregada en la Oficialía de Partes del Congreso Local por Eduardo Leal Buenfil y Mauro Guerra Villarreal, reformaría la fracción III del Artículo 446, y se adiciona un Artículo 446 BIS al Código Penal para el Estado.
"Provoque una explosión, inundación, o bien realice pintas, sin importar el material ni el instrumento, sin la autorización o permiso de la autoridad competente, que causen daños a la salud pública, flora, fauna o a los elementos naturales de un ecosistema.
"Se impondrá una pena de prisión de dos a diez años y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa a quien de manera intencional, imprudencial o dolosamente propicie, ordene, realice, autorice un incendio forestal, mismo acto que se perseguirá de oficio", dijo Leal.
Actualmente la Sierra del Municipio de Santiago sufre las consecuencias de otro incendio devastador al parecer provocado por un paseantes y que ha consumido mil, 300 hectáreas de bosque.
TAGS RELACIONADOS:
