Luego de la polémica que se generó derivada del permiso que el Cabildo de Monterrey otorgó a una empresa para vender bebidas alcohólicas en salas de cine durante los días que dure el Mundial de Futbol Brasil 2014, y que finalmente el Gobierno del Estado rechazó, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, declaró que eso no debe de causar alarma.
La munícipe aclaró que se trata de un procedimiento compuesto que contempla la Ley de Combate al Consumo y Abuso del Alcohol, que señala que aunque los ayuntamientos otorguen las licencias, la anuencia final la otorgará el Gobierno Estatal.
"Yo soy muy respetuosa primero que nada de la decisión del Ayuntamiento que se tomó, hay una decisión, pero también no nos debemos de alarmar en cuanto a que esto es un procedimiento compuesto de acuerdo a la ley que fue reformada hace poco más de tres años, el municipio da una anuencia y a final de cuentas el Estado es el que da el permiso.
"Me parece que es sencillo, es un procedimiento compuesto; uno da la anuencia el otro niega el permiso, yo creo que hasta ahí queda", declaró.
La alcaldesa comentó que el municipio no tiene porque acatar o no la decisión del Gobierno del Estado, ya que si el Cabildo da la anuencia al particular y el gobierno la niega, simplemente ese particular no tiene permiso para expender bebidas alcohólicas.
Arellanes Cervantes expresó que para proceder a dar la licencia temporal a la empresa de salas de cine, los miembros de la Comisión de Inspección y Vigilancia revisaron que se cumpliera con los requisitos que marca la ley y los reglamentos.
"Lo que pasa es que nosotros no acatamos decisiones, simplemente el municipio da la anuencia, el Estado niega el permiso.
"De acuerdo a lo que revisaron los regidores, y los integrantes de la Comisión así fue, ellos te podrán detallar exactamente cuál fue cada documento y papelería que presentaron e inclusive hay algunas salas de las denominadas VIP que ya tienen el servicio", declaró.
Sobre multas de la CTAINL
Margarita Arellanes fue cuestionada en torno a las cinco multas que le impuso al municipio la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) debido a que el representante del Ayuntamiento ante este organismo no acreditó de forma adecuada su personalidad jurídica derivado de una petición de información de un particular.
La edil expresó que ese caso lo lleva directamente el Departamento Jurídico de Monterrey y que esperarán los tiempos con que cuenta el municipio para exponer sus motivos en relación a este tema.
"Me parece que es un tema que lo lleva directamente jurídico, es un tema procedimental, y vamos a esperar los tiempos que tenemos nosotros también para dar las consideraciones como municipio, porque este también es un tema institucional del Gobierno Municipal, no en su caso ya algo personal, entonces me gustaría que la respuesta fuera por parte de Jurídico y cada uno de los puntos del procedimiento que pudieran avalar cómo fue que se presentaron", explicó.
