Mónica Robles Barajas, hija de la embajadora de México en Costa Rica, Roselia Margarita Barajas y Olea, contará con medidas de protección, entre ellas, una escolta de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, luego de que denunció ser víctima de violencia de género.
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la mencionada entidad, ordenó que se otorguen medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la diputada local tras la publicación de artículos que carecen de fuente y de firma, que la denigran y que buscan relacionarla con el narcotráfico.
La comisión acordó solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que se le asigne escolta, “para evitar un posible atentado”, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral de Mónica Robles, en su calidad de diputada.
También se pidió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas organice campañas de “sensibilización” respecto a la información que difunde el Diario de Acayucan, La Voz de la Gente, ante su probable responsabilidad.
Por su parte, la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE deberá realizar las acciones necesarias para impartir cursos o talleres al citado medio de comunicación y a sus periodistas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz, deberán dar asesoramiento y acompañamiento a la posible víctima.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le solicitó llevar a cabo las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de la denunciante.
“Lo anterior, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional determine lo que en derecho corresponda sobre el fondo del asunto, por lo que, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Electoral de Veracruz”, detalla el acuerdo.
El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por las publicaciones que la denigran y violentan.
Una de las publicaciones señala:
“Y en ese camino truculento no le importa compartir camas y hombres. De algunos se aprovecha y los desecha… uno de ellos está en la cárcel. A otro lo idolatra y por más que quiera sacarlo de su vida, pero siempre por interés, la obsesión o la complicidad criminal, termina en sus brazos.
“Vivió mucho tiempo, escondida, miedosa de que se descubrieran sus crímenes, abandonada por la razón de su vida, que por su parte siguió el camino de la delincuencia, en su nombre y junto a otras mujeres” (sic).
La denunciante mencionó que dichas publicaciones la ponen en riesgo y a su familia, porque la relacionan en actividades de narcotráfico. Advirtió que la libertad de expresión, como todo derecho humano, tiene límites.
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