Mónica Robles Barajas, hija de la actual embajadora de México en Costa Rica, Roselia Margarita Barajas y Olea, presentó hoy una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz por ser víctima de violencia de género.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada local señaló que en los últimos días se han publicado artículos que la denigran y que además la buscan relacionar con el narcotráfico, publicaciones que no están firmadas ni mucho menos citan una fuente.
Las publicaciones se realizaron en el “Diario de Acayucan. La Voz de la Gente”, y en su denuncia a la que MILENIO tuvo acceso se citan ejemplos de la violencia ejercida en su contra:
“Y en ese camino truculento no le importa compartir camas y hombres. De algunos se aprovecha y los desecha… uno de ellos está en la cárcel. A otro lo idolatra y por más que quiera sacarlo de su vida, pero siempre por interés, la obsesión o la complicidad criminal, termina en sus brazos.
“Vivió mucho tiempo, escondida, miedosa de que se descubrieran sus crímenes, abandonada por la razón de su vida, que por su parte siguió el camino de la delincuencia, en su nombre y junto a otras mujeres” (sic).
Mónica Robles menciona en su denuncia que es una persona reconocida en Veracruz y a nivel nacional. “Se me conoce por mi nombre, mi imagen y reputación apegada a las directrices de la moral y el derecho. Nunca he utilizado mi condición de género para aprovechar o abusar de posiciones, pero esta condición debe ser respetada y resguardada por cualquier persona sujeta al estado de derecho. Incluyendo a los ahora investigados”, detalló.
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Comentó que las publicaciones comenzaron a surgir cuando la Comisión de Vigilancia, y la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales empezaron a realizar diversas investigaciones relacionadas con el ejercicio del gasto público vinculados a dependencias del Ejecutivo Estatal, al presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y solicitudes de juicio político contra de magistrados.
“Las publicaciones se refieren de manera indubitable a mi imagen y a hechos que denigran y dañan mi moral. Los responsables de la publicación divulgaron dolosamente esas notas bajo premisas que resultan ilegales y parten de una actividad maliciosa del ejercicio de libertad de prensa…La conducta atribuida pone en riesgo a mi persona y familia, pues directamente me relaciona en actividades de narcotráfico y acciones ilegales que podrían conducir a la delincuencia organizada”, enfatizó la legisladora.
Advirtió que la libertad de expresión, como todo derecho humano, tiene límites.
“Y es que mi carácter de servidor público no me obliga a tolerar la difamación, calumnia y violencia de género en el ámbito personal y político, menos cuando ésta se anida en manifestaciones relacionadas con mi vida privada y falsos actos delictivos”, subraya la denuncia.
irh
