Miguel Ángel Mancera, líder parlamentario del PRD en el Senado, presentó su iniciativa de Ley General de Ciberseguridad para proteger a instituciones del Estado y usuarios ante los ataques cibernéticos, además de prever una sanción de hasta 15 años de prisión a quien vulnere, inhabilite, robe, intervenga, destruya o afecte infraestructura informática crítica.
En caso de que los ciberataques sean cometidos por un servidor público, las penas se elevarán hasta en una tercera parte. “Hay cifras que nos hablan de que en nuestro país, en 2019 nada más, se presentaron 9.54 ciberataques por segundo y 572 por minuto; más de 35 millones de amenazas de ciberseguridad para sumar 12.8 billones de ataques al año”, puntualizó Mancera.
El legislador detalló que su iniciativa vincula la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.
“Estamos presentando una iniciativa con 47 artículos, en donde hablamos de las operaciones en la red, de los proveedores de servicios de ciberseguridad, porque también en eso hay que ser serios, si no, cualquiera se puede infiltrar en datos muy sensibles”, indicó.
Añadió que los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC y PVEM se sumaron ya a la iniciativa que asimismo considera crear la Comisión Permanente de Ciberseguridad dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como el Centro Nacional de Ciberseguridad como parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El proyecto de Ley General de Ciberseguridad plantea hasta 15 años de prisión y multa de 86 mil 880 pesos a 260 mil 640 pesos a quien vulnere, inhabilite, robe, intervenga, destruya o afecte infraestructura informática crítica.
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A quien de manera no autorizada copie, modifique, limite el acceso, corrompa o destruya información contenida en dicha infraestructura informática o realice chantaje para permitir el acceso se le impondría una pena de cinco a siete años de prisión y multa de hasta 69 mil 504 pesos.
Para quien a través de información personal en formato digital suplante una identidad se proponen de seis a ocho años de prisión y multa de 17 mil 376 pesos a 69 mil 504 pesos, mientras a quien controle o administre sitios de internet que simulen ser oficiales o de empresas se le castigaría con seis a ocho años de prisión y multa de 26 mil 064 pesos a 69 mil 504 pesos.
