Las redes sociales se han convertido en el principal canal de difusión de información a nivel global, facilitando la interconexión instantánea entre millones de usuarios sin importar fronteras geográficas, políticas o económicas.
Su capacidad de personalización y adaptación ha permitido retener a más de 4 mil 500 millones de internautas, una cifra en constante crecimiento impulsada por el aumento de dispositivos móviles.
Para Gabriel Castañeda Gómez Mont, abogado penalista, esta expansión ha transformado la manera en que las noticias se consumen y replican, otorgando a las plataformas digitales un papel determinante en la construcción de la opinión pública y, en muchos casos, influyendo en la percepción de la justicia antes de que los tribunales emitan un fallo.
“El juicio público en redes sociales convierte una acusación en una condena anticipada. La desinformación y el sensacionalismo influyen en la percepción de la justicia, afectando la vida de los acusados, incluso si posteriormente son absueltos”, afirma Castañeda Gómez Mont.
La presunción de inocencia, principio esencial de los derechos humanos, exige que nadie sea considerado culpable sin pruebas concluyentes.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU advierte que las autoridades deben evitar juicios anticipados y que los medios de comunicación actúen con responsabilidad, sin afectar la imparcialidad de los procesos judiciales.
La inmediatez de la información y la presión social pueden distorsionar este derecho, sustituyendo el debido proceso por la condena mediática.
El impacto del linchamiento mediático, además de recaer sobre la persona acusada, también lo hace sobre su entorno familiar y profesional. Aún cuando la justicia exonere a un individuo, el daño a su reputación puede ser irreversible.
En este sentido, el abogado penalista enfatiza la importancia de regular la difusión de información relacionada con procesos penales en curso.
“El problema radica en que, una vez emitida una sentencia mediática, revertir esa percepción resulta casi imposible. Las redes sociales amplifican las acusaciones sin considerar la falta de pruebas o el debido proceso”, advierte Gabriel Castañeda Gómez Mont.
La filtración de información judicial y la exposición de nombres e imágenes de los imputados en los medios representan una grave violación a sus derechos fundamentales.
En diversos países, se han implementado normativas que limitan la publicación de datos personales de los acusados, salvo en casos de interés público.
Las redes sociales no deben sustituir la labor del Poder Judicial
En México, la regulación de la información judicial sigue siendo un desafío. La ausencia de lineamientos claros permite que los medios de comunicación y las redes sociales actúen como jueces, generando un riesgo latente de condena social anticipada.
El abogado penalista subraya la urgencia de establecer criterios más estrictos para la difusión de información penal.
“No se trata de restringir la libertad de expresión, sino de garantizar que el derecho a la información no vulnere la presunción de inocencia. Es de suma importancia capacitar a periodistas y usuarios de redes sociales sobre el impacto de la mediatización de los procesos judiciales”, sostiene Gabriel Castañeda Gómez Mont.
El equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la presunción de inocencia es uno de los grandes retos del sistema judicial en la era digital.
La rapidez con la que se generan y difunden noticias no puede ser excusa para vulnerar derechos fundamentales.
“El juicio debe llevarse a cabo en los tribunales, no en las redes sociales. Si permitimos que la opinión pública sustituya la labor del Poder Judicial, pondremos en riesgo los principios básicos de un Estado de derecho”, concluye el abogado penalista.
