El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, emprendió su defensa legal para evitar ser sancionado al interponer un recurso de queja contra los magistrados de la Sala Especializada que ordenaron al Congreso local y a la Comisión Anticorrupción interponer una sanción en su contra por encontrar anomalías en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial.
Dicho recurso fue presentado al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, quien a su vez, este tres de septiembre, turnó el caso a la magistrada Janine Otálora Malassis bajo el expediente SUP-AG-71/2019.
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"Escrito presentado por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, por derecho propio, por el que formula lo que denomina queja en contra de los magistrados de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral.
"Presenta el escrito de queja con motivo de la resolución incidental dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, por la que declaró incumplida la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-153/2018 y vinculó a la Comisión Anticorrupción, así como a la o el presidente del Congreso de Nuevo León a dar cumplimiento a la misma, relacionada con las irregularidades encontradas en el proceso de captación de apoyo ciudadano por parte de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en el pasado proceso electoral federal 2017-2017", se lee en la queja.
En este sentido, se ordenó integrar dicho expediente en el Libro de Gobierno de la Sala Superior para ser analizado y tratado cuando la magistrada encargada del asunto lo determine.
Con este recurso, el gobernador de Nuevo León inicia su defensa legal para evitar ser sancionado por los diputados locales, mismos que con anterioridad, adelantaron que la sanción podría ir desde una multa económica hasta una sanción ejemplar que implicaría la destitución de su cargo.
De igual forma, cabe recordar que este asunto de la sanción se desprende de una denuncia interpuesta por el senador Samuel García, quien acusó que poco más de 500 empleados de gobierno recolectaron firmas en días y horas laborales en favor del entonces candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez.
Ante este escenario es que la Sala Especializada confirmó las irregularidades detectadas a Rodríguez Calderón y determinó que el Congreso, a través de la Comisión Anticorrupción, implementen lo que en derecho corresponda para concretar la sanción.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones el mandatario estatal ha asegurado que el Congreso no es su superior jerárquico como para poder sancionarlo y que los magistrados de la Sala Especializada se excedieron en la resolución.
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A la par, Manuel González, secretario General de Gobierno y entonces gobernador interino, también promovió un amparo para evitar el enfrentamiento de un juicio político y evitar ser destituido de su cargo.
Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó dicha demanda de amparo, a lo cual, González adelantó que éste es el principio del litigio contra los diputados y la Sala Regional Especializada.
