El Instituto Nacional de las Mujeres registró avances en cuanto a la paridad de género en las elecciones de junio pasado y las que se esperan para 2016, así como en la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los estados donde era necesaria.
Entre 2013 y 2015 se logró la incorporación del principio de paridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello importantes resultados en el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones en los ámbitos federal y local.
Entre sus últimos llamados está el realizado al Congreso de Quintana Roo para un respeto absoluto al derecho a la paridad de género en la elección de presidencias municipales, a fin de garantizar la igualdad política.
Para 2016, 13 entidades celebrarán comicios y se renovarán 965 alcaldías, además de 388 diputaciones y 12 gubernaturas, por lo que insiste en no detener los avances que el país ha alcanzado en materia de derechos político-electorales de las mujeres.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, dio a conocer que, por primera vez en la historia de México, se declararon dos AVG; la primera el 31 de julio para 11 de los 125 municipios del Estado de México y la segunda el 10 de agosto para ocho de los 33 municipios de Morelos.
Para poner fin a la violencia feminicida, la alerta debe ser reconocida como una medida protectora de los derechos humanos y que se debe actuar con determinación y firmeza para prevenir y erradicar las agresiones contra mujeres, lo cual debe ser una prioridad de las autoridades.
Un importante avance normativo es que, en prácticamente todo el país, se ha tipificado este delito, pues en Chihuahua se optó solo por agravar el homicidio de mujeres en su artículo 126 del Código Penal.
El desafío del instituto es homologar el delito y estandarizar las penas, pues mientras que en San Luis Potosí la mínima para este delito es de 14 años, en el Estado de México se estableció vitalicia.
Un avance más fue la firma del convenio de colaboración entre el Inmujeres y la Policía Federal con el objetivo de contribuir mediante la política nacional a la igualdad de género y brindar una vida sin violencia para las mujeres.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló que con este acuerdo se materializa la instrucción del secretario de Gobernación de incorporar de manera transversal la perspectiva de género a la responsabilidad de proteger y servir a los mexicanos.
La presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, confía en que con este instrumento se fortalezca el compromiso que tiene la Policía Federal con las mujeres y las niñas mediante la capacitación de su personal en perspectiva de género, toda vez que el manejo de esta herramienta es indispensable para comprender de qué manera la violencia las afecta específicamente.
El convenio permitirá contar con más capacitación, identificar brechas y elaborar programas que tiendan a su eliminación e integrar información certera y útil para la toma de decisiones dentro de la institución.
Cabe mencionar que la presencia de elementos femeninos en la Policía Federal alcanza 21.17 por ciento, es decir, 8 mil 6 mujeres, de las cuales 189 cuentan con niveles de mando superior; 4 mil 789 se desempeñan como mandos medios, y 3 mil 28 forman parte de la escala básica.
También destacó las acciones ante el embarazo adolescente, problemática que requiere del trabajo coordinado de las instituciones del Estado Mexicano, como lo mandata la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
Por ello, el Inmujeres y el Instituto Nacional de Salud Pública se dieron a la tarea de crear la plataforma www.comolehago.org, con información y herramientas lúdicas de aprendizaje para la prevención.
En tanto, el Inmujeres del Distrito Federal propuso a la Asamblea Legislativa abordar el tema de la pensión alimentaria, uno de los problemas más graves que afecta a mujeres y niños abandonados por el padre, con el objetivo de reformar la ley para que quienes no cumplan se conviertan en deudores públicos y el pago sea retroactivo.
Más de 80 por ciento de las quejas por violencia patrimonial y económica son por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia, aseguró la directora Teresa Incháustegui Romero.
Declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que reconoce el derecho a la pensión alimenticia desde el nacimiento, lo que manda un mensaje importante sobre la prioridad de este derecho de los infantes, así como el cuidado y la atención que merecen de sus padres.
