El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Guardia Nacional transparentar los reportes sobre el uso de la fuerza que ha generado después de haber participado en operativos.
Dicha corporación deberá entregar a un ciudadano la versión pública de cada uno de los reportes generados entre mayo de 2019 y marzo de 2021, en los que deberá permitir la visualización de la narración de los hechos, que detallen el tiempo, modo y lugar, que reflejen la motivación de los agentes sobre su decisión de emplear un específico nivel de fuerza.
Además, deberán transparentarse datos como el lugar y la fecha de expedición del reporte, los números de averiguaciones previas que se iniciaron después de cada operativo y el día y la hora de los sucesos reportados, entre otros.
Lo único que se podrá ocultar son las descripciones e identificación de toda clase de armas o explosivos y los nombres, cargos, firma, número de expediente personal y la placa de los vehículos de los agentes responsables de cada reporte.
El caso fue presentado ante el pleno del INAI por el comisionado Adrián Alcalá, quien expuso que en la respuesta inicial de la Guardia Nacional a la solicitud de un ciudadano reservó toda la información contenida en esos reportes, con el argumento de que si se revelaba, pondría en riesgo la seguridad pública, a los servidores públicos operativos y afectaría las funciones en materia de prevención y persecución de los delitos.
Sin embargo, al analizar el caso, la ponencia del comisionado Alcalá concluyó que no es procedente la reserva íntegra de todos los documentos solicitados, sobre todo la información relacionada con la justificación sobre el uso de la fuerza en cada caso reportado.
“Si llegáramos a determinar que esta información no se proporcionara, la esencia de lo que se busca conocer a través de la solicitud no se entendería y perderá su razón de ser, en consecuencia, no sería eficiente el derecho de acceso a la información acorde a los estándares internacionales que respecto de este tema existen”, dijo Alcalá.
El comisionado propuso transparentar la información ya referida, pues consideró que no se pone en peligro la seguridad pública, porque las conductas de los agentes que el sujeto obligado pretendió reservar están estrictamente reguladas por diversos protocolos y manuales que son específicos del uso de la fuerza para evitar justamente el uso indebido.
"Jurídicamente no es posible clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma, al contrario, debemos esforzarnos por su máxima divulgación, o máxima publicidad, para que la sociedad pueda conocer si el uso de la fuerza que hace referencia cada reporte se apegó a los principios de absoluta necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”, explicó.
Alcalá recordó que en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de la sentencia Montero Aranguren y otros contra Venezuela, se estableció que en todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones de una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados.
Debate sobre armas
Sin embargo, en la versión pública de los reportes que la Guardia Nacional entregue, deberá ocultar el tipo de armas utilizadas en cada caso, lo cual generó un voto particular del comisionado Óscar Guerra Ford, quien consideró que esa información no debería ocultarse, pues es un dato público el tipo de armas que la Guardia Nacional puede usar.
“Las armas y calibres que portan es un acto público, como es en muchos países del mundo, para ver que finalmente actúen bajo los cánones y circunstancias que se les permitan; imagínense que en ese operativo hayan usado otro tipo de armamento, no sería congruente o consistente con el estado de fuerza que tiene permitido la Guardia Nacional, dadas las características del armamento que le está siendo autorizado”, argumentó.
Por su parte, Alcalá defendió su postura y dijo que, aunque existe información genérica sobre las armas que puede portar cada miembro de la Guardia Nacional o que tiene autorizadas para su uso, dar a conocer cuáles se usaron en cada caso “puede dar cuenta con precisión del tipo de arma con el que responde un agente o un elemento ante una agresión por parte de un particular", cosa que puede ayudar a conocer la capacidad de reacción.
EHR
