El Gobierno del Estado reviró su decisión y siempre no implementará la verificación vehicular para 2016, a fin de terminar la polémica con los diputados y hacer un plan integral junto con ellos para su desarrollo en 2017.
Contrario a las versiones del tesorero Carlos Garza y del gobernador Jaime Rodríguez, de incluir la verificación el siguiente año y vetar el Presupuesto si los diputados no la integran en el mismo, Manuel González, secretario general de Gobierno, quien tiene la relación con los diputados, concluyó que lo primordial será verificar Pemex, pedreras, empresas, transporte de carga pesada y transporte urbano.
"La propuesta de nosotros va a ser retirar la propuesta para que ya termine la discusión. Lo que va a suceder, me imagino, porque vamos a tener ese acuerdo, es 'retiren la propuesta de verificación para este año y dejémosla primero a que se den los otros rubros de la contaminación (Pemex, pedreras, empresas, transporte de carga pesada y transporte urbano)' y si ya estamos de acuerdo hacia finales de este 2016, pues buscaremos implementarla, aunque nos tardemos dos años hacia los particulares", dijo.
González comentó que será en los próximos días cuando se estén reuniendo con los diputados para lanzarles esta propuesta y finalmente poder llegar a un acuerdo entre ambos.
Subrayó que algunas de las pedreras no pueden ser inspeccionadas por el Estado debido a que tienen una regulación federal, al igual que Pemex. En estos casos llamarían a las autoridades correspondientes para que hagan lo conducente y trabajen sobre la eliminación de la contaminación que producen.
Insistió en que la idea es licitar los futuros centros de verificación a empresas. Dijo que aún no se había hecho este proceso porque el proyecto va agarrando forma y nadie en su sano juicio, resaltó, va a querer invertir a algo que no se sabe si se va a realizar o no.
Por ello, añadió que la idea es que la verificación esté ya en la ley y posteriormente ir concretando detalles sobre cómo se llevaría a cabo.
Respecto a la tarifa, añadió que se podría fijar en los 420 pesos, misma a la que todos los vehículos se someterían, porque de lo contrario, argumentó, sería inconstitucional cobrar a unos si y a otros no.
"El pago de un derecho o el pago de un impuesto tiene como característica primordial el ser generalizado.
"No hemos podido ni salir a convocar, nada más imagínense quién en su sano juicio va a sacar dinero de su bolsa sin tener una garantía de que eso se pueda o no llevar a cabo, por eso la búsqueda de que estuviese establecido en ley. Este año no se puede verificar a nadie, no se puede llevar a cabo en un mes o en un día, tiene que construirse todo un sistema alrededor de eso y se necesitan cualquier cantidad de talleres.
"Entonces ésa es la explicación de fondo de que si vamos o no vamos (con la verificación), que si la adelantamos o que si se va atrasar dos años", refirió.
Lo anterior sale a relucir luego de que la bancada del PRI diera a conocer su intención de sacar la iniciativa de ley que presentaron tiempo atrás para poder tener facultad de modificar el Presupuesto de Egresos del Estado debido a que la actual administración se rehúsa a quitar el cobro de la verificación vehicular, tal cual lo ha comentado en diversas ocasiones el gobernador Jaime Rodríguez.
