La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emprendió ante el Tribunal Superior de Justicia una batalla legal a través de una controversia constitucional contra el reajuste del presupuesto del 2019.
En entrevista, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero ejemplificó que el año pasado el Congreso local aprobó a la dependencia que encabeza una partida por 3 mil 221 millones de pesos.
Sin embargo, para el ejercicio 2019, el monto autorizado fue comprimido a una suma de 2 mil 963 millones de pesos.
“Lo que les puedo comentar es que ya tenemos el recurso correspondiente, estamos esperando la respuesta, en estos días lo voy a verificar y en su momento les daremos a conocer el resultado de este recurso.
“Yo, como fiscal general, tengo la obligación de defender los intereses de la Fiscalía General, porque también son los intereses al servicio de la comunidad, en cierta forma (la reducción) puede comprometer el nuevo modelo de investigación por la falta de recursos”, dijo.
Guerrero Gutiérrez señaló que la autorización del Poder Legislativo se cristalizó pese a que la Constitución Política del Estado señala que el monto debe ser superior al avalado al ejercido del año anterior.
Por ello, agregó, el presupuesto 2019 debería haber quedado en un mínimo de un monto de 3 mil 375 millones de pesos.
“Es importante señalar que no puede ser inferior a los 3 mil 221 millones de pesos más la inflación, que el año pasado fue de 4.8 por ciento, lo que equivale que el Congreso debió haber autorizado 3 mil 375 millones de pesos, mínimo.
“Eso sin contar en cuenta los recursos necesarios para la implementación del Plan Estratégico que nosotros estamos obligados a ejecutar en el término de un año, después de que en mayo lo emitimos”, explicó el fiscal.
Indicó que la reducción golpea el gasto operativo de la misma Fiscalía y que es el Gobierno del Estado que está obligado por ley a proveer los recursos necesarios para tener un óptimo desempeño de trabajo.
La reducción del presupuesto afecta la operación del nuevo modelo de investigación y de las dos nuevos apartados del Sistema Estatal Anticorrupción, como son las fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales , el Órgano de Control Interno, además de otras divisiones de administración con autonomía financiera.
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