El pleno de la Cámara de Diputados aplazó hasta su sesión de mañana jueves la discusión y votación del proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas para invalidar el “blindaje” con que los legisladores locales protegieron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero en el Palacio de San Lázaro.
No obstante, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados concluyó que el proyecto es “jurídicamente procedente” y “reúne los requisitos esenciales” para ser presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El recurso fue publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, a efecto de discutirlo y votarlo mañana mismo, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por conducto de la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, los diputados federales pedirán la invalidación del acuerdo de “homologación” para el desafuero de funcionarios públicos de Tamaulipas, por considerar que carece de fundamento constitucional y legal, además de invadir facultades exclusivas del Poder Legislativo Federal.
El Congreso de Tamaulipas aprobó el 2 de marzo el acuerdo para establecer las reglas del “procedimiento de homologación” sobre el desafuero de funcionarios de la entidad.
Según el decreto, una vez que la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política de la legislatura local reciban la notificación de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra el gobernador García Cabeza de Vaca, “se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos”.
No obstante, el proyecto de controversia constitucional subraya que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si hay lugar o no a proceder contra el inculpado.
En consecuencia, la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
JLMR
