La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, propuso a la legislatura diversas adiciones a la Constitución estatal para garantizar el derecho a una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como la prestación de servicios de rehabilitación y habilitación para las personas con discapacidad permanente, con prioridad para niñas, niños y adolescentes y adultas mayores.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis en los próximos días establece que tienen derecho a una vivienda adecuada donde el Estado deberá garantizar, de manera progresiva los instrumentos y apoyos necesarios con la finalidad de alcanzar ese objetivo.
Por otra parte, considera que el Estado deberá avalar la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a personas trabajadoras del campo que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras y pescadoras de pequeña escala.
En otro de los apartados propuestos es para establecer que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestales suficientes y oportunos conforme el principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en la Constitución que implican la transferencia de recursos directos, hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto a lo que hayan asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
En la exposición de motivos señalan que para el gobierno estatal brindar bienestar significa atender las situaciones específicas de cada grupo, promoviendo un enfoque integral que permita potenciar el acceso equitativo e igualitario, de oportunidades de educación, salud, vivienda, alimentación, empleo y seguridad social para ofrecer un estándar mínimo de morada, desarrollo y apoyo sociales eficaces para vivir con dignidad.
Garantizarán bienestar a través de programas y proyectos
A partir de las políticas públicas diseñadas, señala el documento, se pretende alcanzar mediante la implementación de programas, proyectos y acciones de desarrollo social orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza, carencia sociales y marginación y para ello se prevé mejorar el ingreso económico y disminuir las carencias sociales mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.
Por esa razón consideran a las pensiones no contributivas como un mecanismo esencial para garantizar este bienestar, pues se trata de prestaciones económicas destinadas a personas que carecen de recursos suficientes para subsistir, asegurándoles ingresos mínimos a sectores vulnerables, que resultan relevantes para las personas adultas mayores y con discapacidad permanente.
Estos dos grupos, indica, enfrentan importantes desafíos que deben ser atendidos con urgencia y a pesar de los avances logrados aún existen retos importantes para garantizar que puedan acceder plenamente a los beneficios de las políticas públicas, por lo que se promueve el otorgamiento de apoyos sociales monetarios que permitan asegurarles un ingreso económico extra y asegurar derechos como el programa de vivienda, sobre todo para las y los jóvenes que enfrentan importantes desafíos para acceder a un primer hogar.
PNMO
