A tres años de la creación de la Guardia Nacional, y ante la propuesta presidencial de incorporar la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las Organizaciones de la Sociedad Civil Causa en Común e Intersecta lanzaron una serie de cuestionamientos a la estrategia de seguridad del Gobierno Mexicano y a la institución que dirige Luis Rodríguez Bucio, que van desde un incumplimiento constitucional, la falta de transparencia, hasta la violación a los derechos humanos.
Al presentar el informe ‘Guardia Nacional: 3 años de Definición Militarista’, María Elena Morera, directora de Causa en Común, hizo un balance del estado actual de la institución, y recordó que en la Constitución quedó inscrita como una corporación civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y cuestionó que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador busque regresar a una fórmula ya cuestionada.
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Pero también criticó que desde las entidades Federativas no se han presentado los diagnósticos policiales requeridos por ley; ni un programa de fortalecimiento, o los resultados, que fueron dispuestos precisamente cuando la Guardia Nacional tomó las funciones de policía civil.
Los Gobernadores -con excepción de la CDMX, Guerrero, Tabasco y Morelos-, apuntó, “no están cumpliendo con el artículo séptimo, y esperemos que sí se cumpla con el artículo quinto, y las fuerzas armadas regresen a los cuarteles en 2024”.
El informe -elaborado por esta organización con números oficiales- establece diversos puntos sobre la corporación, entre ellos, “el estado de fuerza”. En este tema, refiere que la Guardia Nacional inició con 74 mil 437 elementos, y para abril de 2022, contaría con 104 mil 839 elementos.
“Un crecimiento de esta manera -dijo Morera- solamente se explica porque la gran mayoría de ellos son militares en funciones, y lo que han hecho en un esquema rarísimo, que dice transferencias a la Guardia Nacional, o sea que ni siquiera están comisionados”.
Respecto al despliegue, que debería ser en función a la incidencia delictiva, la cantidad de habitantes, o la geografía, apuntó: “los datos, no corresponde el número de guardias a la incidencia delictiva”.
Sobre el certificado único policial, que supone la formación inicial, los controles de confianza, habilidades y destrezas, así como el desempeño, explicó, “la Guardia Nacional solo lo ha cumplido en un 30 por ciento de sus elementos”.
También puso sobre la mesa las atribuciones que se le han dado a la corporación, con los que “los están sobreexplotando”, y agregó, “y yo me pregunto, si en realidad pueden cumplir con 227 funciones”.
Asimismo, destacó la opacidad de la corporación, en cuanto a la transparencia, y en la falta de atención a las 2 mil 169 quejas interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales solo habrían sido atendidas seis de ellas.
Estefanía Vela, directora Ejecutiva de Intersecta, declaró que el informe “proporciona evidencia de que la Constitución se está incumpliendo”. Y en relación a la propuesta Presidencial, cuestionó: “¿Qué se perdería si la Guardia Nacional pasa a Sedena? Es que todo este régimen que no hemos querido tocar porque son Fuerzas Armadas entraría en juego y haría todo mucho más difícil para sujetar estas instituciones que cada vez obtienen más poder a controles democráticos”
En la presentación del informe, también estuvo presente Alejandro Hope, experto en seguridad, quien calificó a la Guardia Nacional como “una simulación, en muchos sentidos, una ficción administrativa”.
“Está definida en la Constitución como una institución de carácter civil y policial, así está, En los hechos es una extensión de las fuerzas armadas, dato importantísimo, más o menos el 80 por ciento de la Guardia Nacional no labora en la Guardia Nacional, no cobra en la Guardia Nacional, tiene plaza y cobra en la Sedena en la Semar”.
Sugirió que la propuesta de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena obedece a la lealtad y no a la legalidad, lo que pondrá en riesgo la relación de las fuerzas armadas con el próximo gobierno.
“El siguiente presidente, presidenta, tendrá el deseo de replantear la relación con las fuerzas armadas, por lo que dejar esto labrado en mármol, reducirá el margen de maniobra para quien suceda al presidente López Obrador”.
“Sugiere una lealtad al proyecto y no necesariamente a la legalidad, y yo creo que cualquier cosa que abone en esa dirección, que ponga en entre dicho, la lealtad y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, debería ser rechazada de tajo”, puntualizó.
En el mensaje público, también estuvo presente la senadora Claudia Anaya, integrante de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos, quien al tomar la palabra se refirió a la falta de inteligencia dentro de la estrategia de seguridad.
“El Estado mexicano carece de inteligencia para el combate a la inseguridad, y esto también lo resalto, porque al no tener un razonamiento de cómo se mandan las cantidades de efectivos a cada región, tiene más guardia nacional Chiapas que Zacatecas, cuando Zacatecas tiene mayor incidencia delictiva, y llegan a un lugar sin conocerlo, y no saben lo que combaten”
Y concluyó: “Al estado mexicano le falta inteligencia para saber a qué se va a enfrentar, incluso cuáles serían los delitos que se van a detener, nadie está pidiendo masacres ni balazos, queremos un estado de derecho en el que se aplique la inteligencia”
LCR
