Después de 52 días, este jueves se volvió a ocupar la curul que permaneció acefala desde el 17 de abril; María del Rosario Guerrero Martínez asumió como diputada del Congreso de Hidalgo en sustitución de Alhely Medina Hernández, por el distrito electoral de Zimapán.
Con 24 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso local consideró procedente llamar para que tome posesión Guerrero Martínez, quien representa al distrito conformado por Alfajayucan, Chapulhuacán, Jacala, La Misión, Nicolás Flores, Pacula, Pisa Flores, Tasquillo y Zimapán. La diputación está asignada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Anteriormente, en medio de acusaciones por un presunto abuso cometido en contra de dos menores de edad, Medina Hernández solicitó la conclusión anticipada de una licencia temporal que le había sido concedida el 29 de mayo, y de inmediato pidió la licencia indefinida la cual fue avalada por el pleno del Congreso local el 3 de junio.
Orden de aprehensión
Por medio de un desplegado en redes sociales publicado el 29 de mayo, Medina Hernández confirmó la liberación de una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, descartó encontrarse prófuga ya que cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que evita su detención. También acusó ser víctima de violencia política y daño moral.
Apuntó que agotará todos los recursos legales con la finalidad de demostrar su inocencia, al tiempo que señaló tener la conciencia tranquila.
Medina Hernández declaró que desde 2022 su familia ha estado sometida al escarnio mediático respecto a un asunto de abuso sexual de dos niñas. “Con información fragmentada y presentada en medios de comunicación, se ha construido una narrativa en que se omiten elementos cruciales que darían cuenta de una verdad completamente distinta, pero que deliberadamente no se menciona”, dijo.
“La opinión pública y mediática solo conoce los dichos que una persona ha presentado en videos, sin pruebas, al revictimizar a las niñas para fines económicos, utilizándolas como botín político y como arma jurídica para apuntar a la cabeza de quien se ha expresado a favor de las verdaderas víctimas”, apuntó Medina Hernández en el escrito.
Declaró que cuando se conozca la verdad de los dictámenes periciales que obran en la carpeta, la sociedad se formará un criterio objetivo, por lo que confió en que las instituciones cumplan su compromiso con imparcialidad y ética.
