Con el voto en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Congreso local pidió a su Dirección Jurídica que estudie la factibilidad para presentar una Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ante la SCJN o el TSJ, a fin de que los alcaldes tengan la autonomía de decir en qué van a invertir lo etiquetado del fondo de 2 mil 500 millones de pesos y no se vean obligados a presentar el proyecto al gobierno del Estado.
Lorena de la Garza, del PRI, dijo que la acción se presentará tras la entrada en vigor del Reglamento para la Presentación de Proyectos y Administración de Recursos del Artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero del 2023.
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“En representación legal de esta Soberanía, pedimos que la Presidencia intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución”, refirió.
De la Garza expuso que la publicación y entrada en vigencia de este reglamento puede constituir una violación al orden constitucional por el Ejecutivo, afectando las esferas jurídicas de los diputados y de los municipios, al invadir sus atribuciones constitucionales por el exceso de las disposiciones ahí previstas.
El 19 de enero pasado, tras la polémica suscitada por el fondo de 2 mil 500 millones de pesos otorgado a municipios para destrabar el presupuesto 2023, el gobernador Samuel García publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación para dichos recursos, que incluyen varios candados.
De acuerdo al documento, los municipios que accedan a esta bolsa deberán presentar a la Secretaría de Finanzas estatal el proyecto a realizar, y solo se contemplan los rubros de pavimentación, movilidad, acciones de seguridad, parques y cualquier obra de infraestructura productiva.
Dentro de la solicitud de De la Garza, se analizó presentar un recurso en contra de todos los actos respecto del Juicio de Nulidad 286/2023 de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, de su titular, Norma Platas, y de toda autoridad que sea responsable.
El lunes 13 de febrero, dijo, les fue turnado un escrito por Ulises Carlín de la Fuente, consejero Jurídico del Gobernador del Estado, por medio del cual se remite a la Comisión Anticorrupción, la resolución emitida el 10 de febrero del presente año dentro del Juicio de Nulidad 286/2023, por parte de la Segunda Sala Ordinaria del TJA.
“Por medio de dicha resolución, sorprendentemente, se admitió de forma apresurada e inusual la notoriamente improcedente demanda de Juicio Contencioso Administrativo promovida en esa misma fecha, 10 de febrero de 2023, por el gobernador del Estado, en contra de la Comisión Anticorrupción y de la Oficialía Mayor, ambos del Congreso del Estado de Nuevo León, señalando como actos impugnados diversos actos legislativos, además de otorgar la suspensión para conceder la medida cautelar”, señaló.
De la Garza dijo que el Tribunal fue creado, por disposición expresa de la Constitución Local, para resolver única y exclusivamente los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal y para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con un Órgano de Justicia Administrativa municipal.
En el debate de la sesión hablaron en contra Iraís Reyes y Sandra Pámanes, de MC.
“En ningún momento se les ha impuesto algo, hay necesidades en los municipios y los alcaldes deben de saber estos proyectos, lo único que se les pide es que lo presenten y no pueden hacerlo porque quieren manejo discrecional, entonces, por favor no hagamos esto de presionar al Ejecutivo en algo que se acordó y aprobó”, acusó Pámanes.
Iraís Reyes, de MC, dijo que lo que le interesa al PRIAN es el dinero, pues quieren judicializar el tema porque no están cómodos.
“Aquí todo quieren vigilar y nombrar, cada vez mayor injerencia, pero cuando es al revés pues no les gusta nada, ni que haya control del gasto y para qué quieren el dinero, no sé, una megaposada o precisamente por eso pues se genera regla, para que presenten proyecto”, refirió.
Carlos de la Fuente, líder del PAN, dijo que en el presupuesto 2023, dentro del articulado y, justamente, era aportación del 20 por ciento y después las reglas cambian.
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