La Fundación Mary Street Jenkins denunció que existe una colusión de jueces y despachos de abogados para evadir una orden judicial otorgada por un juez federal para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) sea devuelto al único patronato legalmente constituido, presidido por Margarita Jenkins de Landa.
A través de un desplegado, la Fundación Mary Street Jenkins denunció que la suspensión vigente ha sido evadida a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex senador de la República y compañero de escaño de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, así como por Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado de la fundación Guillermo Barradas.
El apoderado, señaló la Fundación en su desplegado, “ha sido vinculado a diversos litigios en los que se habría cometido presuntos actos de corrupción en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la capital del país. Iván Aarón Zeferin Hernández, juez de control del Centro de Justicia penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México”.
Esta intervención, agregó, fue propiciada por Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 civil de la Ciudad de México, “quién ha mostrado un comportamiento irregular para aliarse a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responde a los intereses del gobernador Miguel Barbosa para imponer un patronato y un rector espurios”.
Señaló que “este atropello patrocinado instigado desde el gobierno del Estado de Puebla, muestra un patrón de comportamiento casi idéntico a otros casos en los que sean coludido despachos jurídicos con juzgadores de la ciudad de México para apropiarse de patrimonio privado a través de prácticas ajenas al Estado de derecho”.
Por ello, el equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins, presentó las quejas formales contra los jueces 24 y 60 civiles capitalinos, a efecto de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México investigue su proceder, vínculos y presuntas complicidades.
Añadió que la denuncia será un elemento importante en la revisión que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos calumnias y fabricación de acusaciones falsas en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados quienes desde 2018 fueron exonerados por la FGR.
Asimismo, agregó que“las agresiones resultan en un doble juzgamiento violatorio de los derechos humanos más elementales que nuestra constitución garantiza”.
AMF
