Tres integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) fueron detenidos y se les dictó auto de formal prisión en el fuero civil por su probable participación en el delito de tortura contra dos mujeres y un hombre trans, cometida tras su detención arbitraria realizada hace 11 años.
Korina Utrera, Denis Blanco y Charly Hernández fueron detenidas arbitrariamente el 27 de agosto de 2011, en Tabasco, por integrantes de la Marina, quienes les retuvieron ilegalmente en instalaciones militares por más de 30 horas, tiempo en el que fueron víctimas de tortura sexual. Consecuencia de las pruebas obtenidas bajo tortura, las sobrevivientes fueron privadas de su libertad por cinco años hasta ser absueltas en noviembre de 2016.
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En agosto de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó una resolución mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra los integrantes de la Semar por los delitos de tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y la falsedad de declaraciones tanto judiciales como en informes dados a la autoridad, por considerar que “no se acreditaba que el sufrimiento generado a las mujeres fuera grave”.
Contra esta determinación, y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación, el cual fue resuelto el 22 de noviembre de 2021 ordenando librar las órdenes de aprehensión contra los marinos únicamente por el delito de tortura.
El Centro Prodh destacó que la detención de los marinos y el inicio del proceso penal es un paso relevante para la justicia que las víctimas han buscado desde que retomaron su libertad, exigiendo que se sancione a los responsables y no haya impunidad.
Por ello, llamó al Poder Judicial de la Federación para que juzguen con perspectiva de género y respetando el debido proceso. Así como a que se garantice la seguridad y participación efectiva de las sobrevivientes, sus familias y sus representantes legales. Especialmente, señaló como indispensable proteger a las personas víctimas en este caso de cualquier intimidación o represalia, dados los antecedentes del caso.
LP
