Los Centros de Reinserción Social (Ceresos) distritales y regionales de Puebla enfrentan condiciones de cogobiernos y autogobiernos, y problemas de sobrepoblación luego de que la población procesada aumentó 32 por ciento de 2017 a 2018 .
De acuerdo con el análisis Agenda Institucional: de la Reflexión a la Acción, realizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, en siete Centros de Reinserción Social distritales y regionales, las calificaciones son reprobatorias, como Tecamachalco con 4.7 en una escala de cero a 10.
Condiciones de violencia como los desórdenes y suicidios al interior de los Ceresos, ubicaron al estado de Puebla en el primer lugar de casos a nivel nacional, apunta el documento.
En su oportunidad, Tadeo Luna de la Mora, investigador del Programa de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que, en el caso de las personas privadas de su libertad, existe una normalización de la violación de la vulneración de sus derechos humanos en materia de hacinamiento, higiene y un sinfín de puntos.
Resaltó que las mujeres son las que más enfrentan violaciones a sus derechos debido a que los Ceresos carecen de políticas integrales con un enfoque de género. “Es grave la situación de mujeres por la falta políticas penitenciarias integrales con enfoque de género”, resaltó.
Con base en los datos de la Situación Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2018, Luna de la Mora comentó que se registra un decrecimiento de la calificación de las prisiones poblanas y están por debajo del promedio nacional.
Puebla logró una calificación promedio de 6.05 en una escala del 1 a 10 por las condiciones de sus Ceresos. La evaluación del Situación Penitenciario midió los rubros de integridad del personal interno, la estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y la atención a los internos con requerimientos específicos.
El Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla logró una calificación de 7.05; el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 6.38; el Centro de Reinserción Social de Tepexí, 8.14; el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, 7.72; el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, 5.98; el Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio, 5.21; y el Centro Penitenciario Regional Huauchinango, 5.23.
La lista continúa con el Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco, 4.79; Centro Penitenciario Distrital de Tetela de Ocampo, 5.18; Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán, 6.34; el Centro Penitenciario Distrital de Zacapoaxtla, 5.63; y el Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán, 4.98.
“Puebla es el primer lugar nacional en suicidios en personas privadas de su libertad con seis casos; es, además, el primer lugar nacional en desordenes al interior de prisiones con 358 casos. Se tiene documentado que hay autogobierno en centros penitenciarios de Puebla y Huachinango; y hay sobrepoblación en la mayoría”, explicó el investigador Tadeo Luna de la Mora.
Señaló que la tortura es de larga data en las prisiones; sin embargo, es necesario que se establezcan canales claros para presentar las denuncias para las personas que son víctimas de violencia tanto en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y en la Fiscalía General del Estado.
“Es lamentable que el gobierno mexicano minimice la práctica y no reconozca el problema en el contexto de la nueva administración. Este no reconocimiento de la tortura como una práctica generalizada denota una falta de voluntad para atender el problema”, comentó.
El reporte Situación Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalla que en el rubro de las quejas reportadas por los órganos locales de protección a los derechos humanos, relacionadas con el sistema penitenciario durante el 2018, reportan un total de 6 mil 881.
La entidad con mayor número de quejas fue la Ciudad de México con tres mil 131; le sigue el Estado de México con mil 43; Baja California con 637; Sonora con 387; Puebla con 233; San Luis Potosí con 174; Nuevo León con 162; y Quintana Roo con 137.
“Los derechos más vulnerados fueron los relacionados con la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la protección a la salud, derecho a recibir un trato humano y digno, así como otro tipo de derechos, entre los que se encuentran los relacionados con el derecho al agua, a la educación, derecho a la personalidad jurídica, petición, sexuales y reproductivos; así como los vinculados al trabajo y a la niñez”, destaca el reporte de la CNDH.
Ante los problemas detectados, la Universidad Iberoamericana Puebla propuso la modificación estructural de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, eliminando deficiencias y violaciones a los derechos humanos identificados en diversos diagnósticos, además de armonizar los reglamentos y políticas acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El diagnóstico resalta las necesidades de la población penitenciaria, que deben ser atendidas por las autoridades con el fin de respetar el trato digno, que como derecho humano, tienen los internos en todos los Centros de Reinserción Social del estado, se indica en el informe.
MITM
TAGS RELACIONADOS:
