Pobladores de Atitalaquia que se oponen a la operación del basurero recriminaron al contralor de Hidalgo, César Mora Velázquez, que los documentos relativos a dicho inmueble estén reservados por una supuesta investigación y acusaron que esto únicamente agrava la opacidad en torno al caso.
Lo anterior, durante la mesa de trabajo encabezada por personal del gobierno de México, en la que participaron el funcionario estatal junto con Said Javier Estrella García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath); y el presidente municipal de Atitalaquia, Agustín Hernández Olguín.
Los habitantes señalaron que las autoridades municipales y estatales han privilegiado la opacidad desde el primer momento, pues el proyecto nunca se presentó ante la población para que lo conociera y aun así el munícipe y los miembros de su bancada lo aprobaron.
Posteriormente, dijeron, cuando solicitaron la información para conocer los detalles sobre la operación de este sitio, pese a que ya existía un documento previo de Recursos Naturales en el que se descartaba la zona por encontrarse cerca de una población y de mantos freáticos, el gobierno encabezado por Hernández Olguín les negó la información.
No obstante, dijeron que no solo el ayuntamiento ocultó la información, sino que también la Semarnath se sumó a esta falta de transparencia; al respecto, el contralor estatal señaló que derivado de una investigación, aunque no precisó el expediente ni la fecha de ingreso, se reservó la información pues así lo establece la ley.
Mantienen postura
Los habitantes lamentaron dicha acción y exigieron al contralor que se abra la información para que se conozca con detalle quiénes son los funcionarios que autorizaron el proyecto y bajo qué motivos, y puntualizaron que la exigencia de cierre técnico es irrenunciable.
Además, cuestionaron al titular de Semarnath por la falta de intervención oportuna en torno al tema a pesar de que en distintos momentos se acercaron a su dependencia para exigir información y exigieron a las autoridades correspondientes justicia para el activista asesinado, pues dijeron que su muerte está relacionada con esta demanda de un medio ambiente limpio.
Agustín Hernández Olguín señaló en su intervención que firmó el contrato junto con dos terceras partes del cabildo, pues al municipio le urgía un espacio para depositar sus residuos sólidos tras el cierre del anterior basurero regional, e indicó que previamente la Semarnath fue la que le informó sobre los sitios autorizados para realizar el vertido de residuos sólidos.
Regidores de oposición reiteraron su rechazo a que el contrato se haya aprobado vía fast- track, pues no se proporcionó la información completa con anterioridad, por lo que al someterlo a votación los miembros los miembros del Cabildo no tenían datos y por ende sufragaron a ciegas el proyecto que además nunca se socializó.
