La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 33, con sede en Puebla, acumuló 77 días sin actividad, ante lo cual, defensores laboralistas buscan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determine la reanudación de esta oficina y pueda darse continuidad a diez mil casos que están detenidos.
Maricela Sánchez Marún, abogada e integrante del movimiento Laboralistas de Puebla en Lucha, explicó que el gremio litigante continúa en pláticas con autoridades estatales y federales para defender la permanencia de esta oficina.
En tanto, mantienen el plantón en las instalaciones de la Junta Federal 33, para evitar la extracción de los expedientes, entre demandas por pensiones, reclamos por despidos, devoluciones de cuentas de ahorro de afores, que están pendientes por resolver.
“Hay incertidumbre porque no hay acceso a la justicia. Los trabajadores están de luto, sus expedientes están inactivos, están parados, no se da continuidad al proceso y, lamentablemente, no hay una respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo que es la autoridad competente para conocer de estos asuntos, no hay una respuesta a nuestras peticiones que es la apertura de la justicia”, señaló.
De esta forma, Sánchez Marún señaló que el próximo viernes 6 de septiembre de 2024, tanto abogados laboralistas y trabajadores, acudirán a la Ciudad de México, para buscar una audiencia con el titular de la STPS, Marath Bolaños y exponer las afectaciones que ha dejado el cierre de la JFCA y pueda darse continuidad a los litigios que están pendientes.
????️A 77 días del plantón en la Junta Federal 33 de Conciliación y Arbitraje en #Puebla, abogados y personas afectadas por el cierre de la junta anuncian que llegarán a las últimas instancias para evitar el envío de expedientes a Oaxaca y Tlaxcala.
— Notivox Puebla (@Milenio_Puebla) September 3, 2024
???? @Isahmar_Torres pic.twitter.com/uCZaeJUSFP
La Junta Especial número 33 dejó de prestar sus servicios desde el pasado 18 de junio, de ahí que, abogadas y abogados del gremio laboral decidieron resguardar las instalaciones para impedir el traslado de expedientes a los estados de Tlaxcala y Oaxaca, tal como lo decretó el gobierno federal.
CHM
