La bancada de Encuentro Social (PES) en el Congreso local pidió ajustar el Código Civil, para establecer que los descendientes de adultos mayores tienen la obligación de proporcionarles cuidados primarios y atención integral, así como garantizar los derechos que contempla la ley en la materia, señaló la diputada María de Lourdes Garay Casillas.
Entre los derechos que deben asegurarles, de acuerdo con la Ley de Adultos Mayores de la entidad, están: decidir, cuando tenga capacidad, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de capacidad de autogobierno; elegir libremente el ingreso a una casa hogar o albergue; recibir trato digno y respetuoso; mantener relaciones afectivas con sus familiares o personas con quienes desee compartir.
Asimismo, deben vivir en entornos seguros y dignos; tener una vida libre de violencia física, patrimonial, psicológica o sexual; no ser explotado; tener acceso a la alimentación, bienes, servicios, condiciones físicas y materiales; la familia debe evitar que los ancianos sean discriminados dentro del hogar o lleven a cabo actos de mendicidad.
Otros derechos...
Deben proporcionarles gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente, suministrarles los medicamentos que requieran para su salud, gastos de terapia o atención especializada y cubrirles el gasto del sepelio, entre otras.
Actualmente los adultos mayores pueden solicitar legalmente la pensión alimentaria de sus hijos, por imposibilidad, pero aún no se contempla en la legislación civil la obligación de brindarles cuidados primarios, que estaría integrado a partir de la aprobación de esta iniciativa.
La realidad es que los ancianos se ven propensos a padecer enfermedades crónico degenerativas que sólo se controlan, sufrir deterioro del intelecto, ver mermadas sus capacidades visuales, auditivas y motrices, repercutiendo en la autonomía, dependencia y en la interacción social.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, señalada que 40.3 por ciento de adultos mayores consideran que el principal problema es su situación económica, para 33 por ciento la falta de acceso a servicios de salud y 25.9 su condición laboral.
SGCF
