Ante la contingencia generada por el coronavirus, la pobreza por ingresos en Puebla podría pasar del 65 al 72.5 por ciento, en otras palabras, aumentaría de más de 4.1 millones de poblanos a más de 4.4 millones de habitantes.
De acuerdo con el análisis “La pobreza extrema por ingreso en este 2020”, realizado por Claudia Ramón Pérez, investigadora en Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que la pobreza por ingreso se puede incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales a nivel nacional.
Si se aplican dichos parámetros a Puebla y se toma como referencia un aumento de la pobreza en 7.5 puntos porcentuales, más de 310 mil poblanos caerían en pobreza por ingresos, es decir, en incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.
Los datos del Coneval revelan que durante el primer trimestre de este año, el costo de la canasta básica en Puebla se ubicó en mil 439 pesos. La población en pobreza por ingresos es aquella que carece de recursos para adquirirla y mantener a una familia, en promedio, de cuatro integrantes.
Para Ramón Pérez, pese a que se habla de reactivar la economía y del regreso a las funciones laborales, la curva de contagios y muertos por el coronavirus crece en México y no logra aplanarse, lo cual hace más difícil el regreso a la actividad laboral.
“Las actividades económicas están resintiendo los efectos de esta pandemia, donde los grupos de población más vulnerables están siendo los más afectados. Los pocos avances que se habían logrado en materia de desarrollo social, no sólo en México sino también en las poblaciones de otros países de Latinoamérica, con esta crisis sanitaria mundial se están viendo afectadas de manera significativa”, destaca.
Si se suma a esta contingencia sanitaria que un importante número de personas tienen problemas de salud, como la alta prevalencia de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras, además de otras complicaciones como la precariedad laboral, falta de acceso al agua, hacinamiento y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales básicos para una vida digna, el resultado es una crisis de altas dimensiones, agregó la especialista.
Señaló que la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la ponen en riesgo, porque puede aumentar la pobreza por ingreso y la crisis puede llegar a cambiar la configuración de los ingresos de la población.
Ante la situación, la investigadora resaltó la necesidad de ampliar y fortalecer las medidas emergentes a partir de programas prioritarios que permitan atender a estos grupos. Agregó que, a la par, existen otros retos, como el mejorar la capacidad operativa, asegurar que la focalización sea adecuada y considerar una serie de medidas adicionales de atención a quienes pierden su fuente de ingreso, así como apoyar a los sectores urbanos que están más expuestos, y los segmentos rurales.
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