Los amparos ganados por pobladores de cuatro comunidades de Atlixco, uno de los municipios por los que pasará el gasoducto, impiden que se ponga en operación parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) pese a la consulta realizada el pasado fin de semana por el gobierno de la república.
Así lo explicó Juan Carlos Flores Solís, abogado de los pobladores de Puebla, Morelos y Tlaxcala que están inconformes con la operación de la termoeléctrica en Huexca y del gasoducto.
Señaló que, de forma adicional, la Suprema Corte de Justicia solicitó desde 2015, que se consulte a la población indígena para desarrollar el Proyecto Integral Morelos y el ejercicio realizado por el gobierno de la república los días 23 y 24 de febrero dista de dicha petición.
“Hay un amparo que ya está resuelto, el 402/2015 que ratifica que los pueblos tienen derecho a la consulta indígena y se debe cumplir ese amparo, es de cuatro comunidades de Atlixco”, expresó el abogado.
En entrevista, Flores Solís explicó que el ejercicio realizado por el gobierno federal el pasado fin de semana, incumple con los requisitos de ser una consulta indígena y, por tanto, el proyecto no se puede realizar, al menos, en la zona en la que habitan los pobladores inconformes de Atlixco.
“La consulta no cumple con los requisitos de una consulta indígena. Al final, este tipo de consulta fue una acción política y no puede sustituir el derecho que tienen los pueblos indígenas de ser consultados”, comentó.
Comentó que, en el caso de Puebla, pobladores de municipios por donde operará el gasoducto preparan más amparos para evitar que el gobierno federal pueda poner a operar la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
“Nosotros vamos a interponer diversos amparos para exigir nuestro derecho a la consulta. Legalmente, la consulta realizada por el gobierno federal el pasado fin de semana no tiene ninguna validez, no tiene ninguna vinculación, ninguna vinculación. Pese a ello, se observa la intención del gobierno federal de, con esta consulta y otras acciones, echar a andar el Proyecto Integral Morelos lo cual, nos estaría afectando”, explicó.
Recordó que siguen su curso los tres amparos que promovieron la semana pasada habitantes de seis comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, contra la consulta y operación del gasoducto Morelos, debido a los riesgos que representa la obra por su trazo, en caso de una erupción del volcán Popocatépetl, y la violación a los derechos indígenas.
Agregó que los amparos interpuestos la semana pasada, están respaldado por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 3/2018 sobre que la puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluye la construcción y operación de la central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, en donde se expresa la vulneración de los derechos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Detalló que se agregó un dictamen técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el cual indica que el gasoducto carece de medidas de protección civil, representa riesgos al situarse en las faldas del volcán Popocatépetl; y se añadió una actualización sobre riesgos sismológicos después de los fenómenos de septiembre de 2017, documento respaldado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), concluyó el abogado defensor.
MITM
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