La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho defensores de derechos humanos.
A través de tres escritos de queja dirigidas a la Comisión Nacional los defensores mencionaron los actos de violencia y amenazas de los que han sido víctimas por su labor en pro de los derechos humanos.
Tal es el caso del defensor Cuauhtémoc Castilla Gracia quien en agosto de 2021 sufrió un atentado en el que sujetos desconocidos, quienes pudieran ser policías municipales de Mexicali, realizaron detonaciones de arma de fuego contra él cuando se encontraba en su centro de trabajo.
Del mismo modo, en San Luis Potosí los defensores Luis Edgardo Charnichart Ortega, Luis Enrique Biú González, Juan Carlos Soni Bulos y Evanibaldo Lárraga Galván, integrantes del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos, A.C. refieren haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos del estado.
De acuerdo con el escrito de queja, los defensores informaron que durante uno de sus traslados entre el Centro Penitenciario de Xolol y el municipio de Tanquian de Escobedo, fueron seguidos por dos vehículos y en el trayecto, las personas que manejaban dichos autos hicieron detonaciones al aire con armas de fuego como una forma de intimidación.
En el caso de Sonora, la CNDH recibió un escrito interpuesto por los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, perteneciente a la Tribu Yaqui de Sonora, quienes refirieron haber sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado.
En el escrito mencionaron que en fechas recientes les han quemado una casa y han percutido proyectiles de armas de fuego en otra de sus viviendas, las dos dentro del pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, en el municipio de Cajeme, lo que atribuyen a miembros de la delincuencia organizada.
Por lo anterior, la Comisión Nacional consideró procedente solicitar la implementación de medidas cautelares al comandante de la Guardia Nacional, así como a la gobernadora constitucional de Baja California, al secretario general de gobierno, al encargado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y al fiscal general del estado; en el caso de San Luis Potosí, al gobernador constitucional, al encargado de la Fiscalía General y al secretario de Seguridad Pública.
Mientras que en el caso de Sonora solicita las medias al gobernador constitucional, al secretario de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, a la fiscal general de Justicia del estado, así como al presidente municipal de Cajeme, Sonora, con el objeto de que se realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de las personas mencionadas, aplicando los protocolos que correspondan en cada caso.
Las medidas cautelares ya han sido notificadas a las citadas autoridades, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de estas.
LG
