Las familias de tres trabajadores fallecidos hace un año en el accidente ocurrido en la planta tratadora del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues afirmaron que la tardanza y omisiones que se han cometido sobre el accidente laboral, han mantenido el caso en la impunidad.
Lo anterior declaró el abogado Juan Hernández, representante legal de las cinco familias afectadas, quien agregó que este jueves acudirán a dialogar de manera personal con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el viernes tendrán una primera plática en la Fiscalía del Estado con los abogados de Sapal, para conciliar la liquidación.
“Acudiremos a la Ciudad de México a presentar personalmente el recurso de inconformidad en relación a las recomendaciones de las soluciones de la Procuraduría Estatal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conforme al artículo 64 de la ley de contención de los Derechos Humanos”, refirió el abogado.
Además, el abogado de las cinco familias afectadas, señala que otra de las inconformidades se basa en haber dejado fuera a la Fiscalía General del Esto durante la investigación de los decesos, por considerar que hubo obstrucción de la justicia al no haber realizado los peritajes adecuados que ayudaran a determinar que la causa de muerte de los 5 trabajadores fue por intoxicación.
“La inconformidad es en el sentido de que se dejaron muchas cosas por hacer, inclusive omitiendo investigaciones en la Fiscalía General del Estado, así como en el municipio de León, sobre todo por parte del alcalde Héctor López Santillana”, dijo el abogado.
Al respecto, Víctor Briseño, integrante de los familiares afectados, lamentó que el municipio y SAPAL lleven pagados 3 millones de pesos en abogados para liquidar a las familias como si fueran despedidos, y no aceptan que fue un accidente de trabajo con responsabilidad administrativa de los directivos de la dependencia.
A penas la semana pasada, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solicitó la reparación integral del daño, a los familiares de dos de los cinco trabajadores de Sapal que murieron intoxicados en el módulo de desbaste para el tratamiento de aguas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, hace un año.
Lo anterior, al acreditarse que los derechos humanos de los trabajadores fueron violados al no proporcionar a los mismos de capacitaciones, ni equipamiento.
