En el nuevo gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó a desempolvar expedientes que fueron abiertos en el sexenio de Enrique Peña Nieto contra funcionarios que incluso ya dejaron sus cargos y que se fueron del gobierno sin que sus casos hayan sido resueltos.
Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, la SFP ha impuesto mil 182 sanciones, desde destituciones hasta amonestaciones; las más altas que se han aplicado son 68 despidos, una inhabilitación por 15 años y 37 por 10 años a servidores y ex servidores públicos de diferentes dependencias federales.
Muchos de esos expedientes resueltos en el actual gobierno son casos a los que se les pudo haber dado carpetazo: de las mil 182 sanciones, solo 82 son expedientes abiertos y resueltos este mismo año; las mil 100 restantes son casos que no se habían resuelto.
Por ejemplo, la sanción más alta, la inhabilitación de 15 años con sanción económica y destitución, fue impuesta el pasado 15 de mayo de 2019 a Édgar Torres Garrido, ex director general de Pemex Fertilizantes, quien dejó ese cargo desde abril de 2016.
Torres Garrido es un personaje cercano a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien también está entre los ex funcionarios inhabilitados por 10 años, en una resolución emitida dos días después, el 17 de mayo.
El expediente de Torres Garrido fue el primero que se inició en 2018 (01/2018) y desde entonces no había tenido una resolución, pero concluyó en destitución, inhabilitación y sanción económica.
Un caso emblemático de sanciones a funcionarios del sexenio anterior es el de Jaime Enrique Inocencio García, ex embajador de México en Líbano, al que se resolvió aplicarle una amonestación privada por incumplimiento en su declaración patrimonial; el expediente es de 2018 y fue resuelto el 31 de enero de este año, a pesar de que el personaje dejó el cargo el 20 de octubre de 2017.
Entre los expedientes desempolvados está uno abierto en 2009, en el sexenio de Felipe Calderón: es el caso de Jorge Alberto Casares Guerrero, gerente de
SuperISSSTE, que apenas en febrero pasado se resolvió que fuera destituido e inhabilitado 16 meses.
Juan José Linares Martínez fue director general de Normalización Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacón (Sagarpa); dejó el cargo el 31 de marzo de 2018, pero el pasado 22 de abril se resolvió sancionarlo con inhabilitación de un año por negligencia administrativa.
El caso de César Turrent Fernández, quien fue director general de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue abierto en 2017 y hasta el pasado 26 de febrero se resolvió sancionarlo con una suspensión por 15 días; sin embargo, el funcionario se fue del gobierno en marzo de 2018.
Otro es Adrián del Mazo Maza, ex director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien recibió una suspensión de 30 días por negligencia administrativa, por un expediente abierto en 2018, el cual fue resuelto el pasado 15 de mayo, a pesar de que dejó el cargo el 22 de marzo de 2017.
Los más castigados
Entre las inhabilitaciones por 10 años están ocho casos de la SEP, entre los que sobresalen el de la jefa de la Oficina de Recursos Financieros, María Virginia Guadalupe Covarrubias González, abierto en 2016 por violaciones a las leyes y normatividad presupuestal, y el del jefe de la Oficina de Contabilidad, Luis Enrique López Pérez, abierto en 2017 por negligencia administrativa. Ambos también fueron destituidos.
Además hay cinco destituciones con inhabilitaciones de la Delegación en Pemex Transformación Industrial, un encargado de gerencia, un sobrestante de primera y dos choferes.
De esos casos destaca el de Luis Eduardo Toledo Cueto, superintendente general de Mantenimiento en Pemex Transformación Industrial, pues a pesar de que la resolución de su sanción —destitución e inhabilitación por 10 años—, se emitió en marzo de este año, el funcionario presentó declaración patrimonial dos meses después, en mayo pasado, en su mismo cargo, de acuerdo con la base de datos de DeclaraNet.
Hay también cuatro casos de inhabilitación por 10 años en la Comisión Federal de Electricidad, incluida la destitución del gerente divisional de Distribución en Baja California, Ulises Celaya Pino; cuatro destituciones e inhabilitaciones en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, tres de la Policía Federal, tres de Telecomm, dos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, uno de la Procuraduría Agraria, un subdirector de Administración de SuperISSSTE y un delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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