La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó, entre enero y octubre, 53 denuncias penales por irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, siete de éstas relacionadas con el desvío de mil 900 millones de pesos a través de la subcontratación con universidades públicas.
Así lo confirmó el auditor superior, David Colmenares, al entregar el segundo bloque de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2017 a la Cámara de Diputados.
Detalló que el total de denuncias relacionadas con el presunto desvío de recursos en Sedesol y Sedatu, asciende ya a 30, por un monto de 5 mil millones de pesos y no solo involucra a ambas secretarías, sino a otras entidades que adjudicaron contratos sin licitación a universidades públicas para desviarlos a empresas privadas.
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En su presentación ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, Colmenares advirtió que el destino del gasto federalizado ejercido por estados y municipios ha sido discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad.
Como ejemplo de esto, citó el caso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) del Ramo 23, que en 2017 tuvo un presupuesto inicial de 3 mil millones de pesos y al final ejerció 50 mil millones de pesos, es decir un incremento superior a mil 500 por ciento, pero sin reglas de operación ni criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado.
Por lo que respecta a la reconstrucción y rehabilitación, tras los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017, la ASF detectó un censo de beneficiarios sin control para evitar duplicidades, una cobertura limitada de los municipios listados en las declaratorias de desastre y una falta de sustento en la priorización de la entrega de apoyos, así como una coordinación interinstitucional insuficiente y una dispersión de recursos sin marcos de control establecidos.
EVL
