La solicitud de la diputada panista, Lariza Montiel Luis, que presentó al Pleno del Congreso para pedir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, a la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas, a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión Estatal de Seguridad, que de manera coordinada implementen protocolos y medidas de seguridad que garanticen la seguridad personal y la libertad de los periodistas coahuilenses en su diario quehacer, fue turnada por mayoría a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos.
Pese a que la propuesta fue presentada de urgente y obvia resolución y el Presidente de la Junta de Gobierno Local, José María Fraustro Siller, aseguró que se apoyaría la propuesta, el Pleno del Congreso resolvió pasarla a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que deberá ser analizada y luego se determinará si se hace el exhorto en los términos en los que fue presentado o si se desecha. [OBJECT]
La diputada expuso el caso de Eduardo “Guayo” Valenzuela, quien fue agredido por policías municipales de Torreón, el caso de Sergio Hernández, reportero de la estación de radio La Rancherita del Aire, quien fue esposado y privado de su libertad durante 40 minutos por grabar a los agentes responsables de un choque de dos patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Piedras Negras.
“La historia parece volverse de a poco una costumbre, es decir, ver el trabajo de los periodistas como un ‘peligro’ que debe ser combatido y reprimido por las autoridades, en contravención a tratados internacionales y leyes nacionales y locales”, dijo.
Agregó que la libertad de prensa, la libertad de informar y dar cuenta de hechos públicos es un derecho de todo periodista, como lo es el derecho a poder ejercer libremente y con seguridad su quehacer profesional.
Y expuso que aunque existe en la legislación estatal las medidas para proteger a los periodistas, la política de seguridad para los periodistas no es y no puede ser el mero acto de corregir, de despedir a los agentes que agredieron a un reportero. [OBJECT]
“Deben existir políticas públicas preventivas, integrales y sistemas de alerta que activen la fuerza del estado a favor de los informadores, no en su perjuicio como parece suceder”, precisó.
Asimismo cuestionó sobre las acciones de la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en Coahuila, como cuáles son las políticas públicas que establece la ley o cuántas veces se han dictado medidas de protección a favor de periodistas coahuilenses.
“Es hora de abordar este tema con seriedad y urgencia y terminar con elefantes blancos y promesas que no se cumplen en lo referente al derecho de libertad de expresión y de información y garantía de la integridad de los informadores”, subrayó.
