"Son 27 y no 300 los desaparecidos de Allende", alegó el titular de la unidad de Derechos Humanos del gobierno del Estado de Coahuila, Federico Garza, ante el congreso del Estado, quienes lo citaron para responder sobre el informe "atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México ", presentado por la organización Open Society.
La reunión de Federico Garza Ramos, con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales que buscan apoyo a las víctimas de desaparición, comenzó en punto de las 11:00 horas en torno al informe que titularon.
En el primer punto a aclarar Garza Ramos manifestó, que en el informe se hace referencia a Viviano Villa Castillo, a quien se señala como ex secretario estatal de seguridad pública en Coahuila.[OBJECT]
Dijo que en este caso el General en retiro, nunca se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, sino como director de la Policía Preventiva Municipal de Parras de la Fuente, de julio del 2009 a diciembre de ese mismo año, posteriormente hasta marzo del 2011 fue director de la policía preventiva municipal en Torreón.
En el caso Allende, el informe manifiesta que el modus operandi del grupo criminal 'los Zetas' era secuestrar, torturar y generar terror entre los habitantes, con lo cual lograron desaparecer a 300 personas en el año 2011.
En este tema, el representante de los derechos humanos en el Estado, precisó que los ataques cometidos fueron en contra de las familias Garza, Moreno y Villanueva así como a sus inmuebles, los días 18, 19 y 20 de marzo del 2011.
Dijo que debido a esto, José Manuel Díaz Guajardo, alias 'el comandante siete', jefe de plaza de 'los Zetas' en la región de los cinco manantiales, ordenó el ataque contra los familiares.
Señaló que a partir del mes de mayo, la Procuraduría inició una indagatoria donde se recabaron testimonios y declaraciones, entre ellos las del alcalde de Allende y a raíz de esto se informó que los desaparecidos eran 27 y no 300 como lo señaló el informe de la organización.
Garza Ramos, dijo que el informe señala que desde el 2009 los familiares de las víctimas manifestaron que hubo insensibilidad, a lo cual el gobierno respondió, que desde el primer día de Rubén Moreira como gobernador, se comprometió a dar seguimiento y en 2012 se acordó la creación de un grupo autónomo de trabajo.
Con esto se crearon reuniones de trabajo con las organizaciones FUUNDEC, el Grupo Vida y Alas de Esperanza y Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción de Torreón, con quienes se estableció un canal de diálogo.
Además agregó que como parte de las estrategias de búsqueda, a junio del 2016 se tenían contabilizadas un total de 2339 personas no localizadas, de las cuales 2 mil 200 fueron encontradas con vida y 139 muertas. Sin embargo actualmente se tiene registro de 1808 personas desaparecidas en el Estado.
Por otro lado, dijo que el informe señala al Grupo de Armas y Tácticas Especiales, como responsables de prácticas relacionadas a la tortura, homicidios y desapariciones.[OBJECT]
Aclaró que actualmente se tienen ocho investigaciones abiertas por el delito de usurpación de funciones. Al término de la presentación del informe, la representante de Alas de Esperanza de Allende, manifestó que no son 27 ni 300 los desaparecidos, si no alrededor de 45, tan sólo en la cabecera municipal.
Finalmente los representantes de las tres organizaciones, agradecieron la labor del gobierno del Estado en materia de desaparición. Sin embargo aclararon que aún hay varios temas por revisar en cuanto a la ley que protege a las asociaciones y en materia de derechos humanos.
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