Tres elementos de la Policía Investigadora de Jalisco y un agente del Ministerio Público fueron separados de sus cargos de manera indefinida y además se inició una averiguación previa en su contra, tras ser señalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de cometer actos de tortura en contra de un detenido para que se declarara culpable por el delito de homicidio.
La medida fue anunciada por el titular de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, quien señaló que esta acción marca un precedente en el estado, porque nunca antes dicha dependencia había iniciado una averiguación previa en contra de algún elemento que estuviera señalado de violentar las garantías individuales.
“Hoy (ayer) fueron notificados de su suspensión indefinida hasta que termine el proceso administrativo y de investigación contra los tres agentes de la Policía Investigadora señalados, y de la misma manera instruí a la Dirección General de Visitaduría a que iniciara una averiguación previa por los delitos de tortura, abuso de autoridad y lesiones en contra de estos tres elementos, y de la misma manera, atendiendo la recomendación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la amonestación al agente del Ministerio Público involucrado y de la misma forma su separación del cargo en tanto no se termine la integración de la averiguación previa”, detalló.
El miércoles, el Ombudsman del estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, anunció dos recomendaciones en contra de la Fiscalía General del Estado; la primera está dirigida al comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga, por un caso registrado en octubre del 2013 en el cual se señala que elementos de la Policía Investigadora ingresaron a un domicilio para detener a una mujer y sus dos hijos por su presunta participación en un secuestro.
Los agentes se apoderaron de varias pertenencias de los detenidos y dinero en efectivo, pero además abandonaron en la vía pública a un menor de edad hijo de la mujer indiciada, a la que amenazaron para que no regresara a su casa.
Por este caso, también se inició una averiguación previa en contra de los oficiales que participaron en el operativo así como un proceso administrativo sancionatario, pero a diferencia de los otros policías que fueron separados de sus cargos, estos continuarán en sus funciones, pero serán enviados a otras áreas.
“Son doce policías investigadores, aquí quiero precisar, se abrió la averiguación previa correspondiente, el proceso sancionatorio, sin embargo ellos continuarán en sus funciones en tanto no se procese esta situación sino actuando en el cargo que vienen desempeñando en este momento”.
La segunda recomendación está dirigida al fiscal central, Rafael Castellanos y a Solorio Aréchiga, debido a que elementos de la Fiscalía Central torturaron a un sujeto para que se declarara culpable del delito de homicidio.
***
Confirman que PGR indaga a agentes de la FUM
La Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de los oficiales de la Fuerza Única Metropolitana que participaron en el arresto de los seis sujetos que en un principio fueron señalados de asesinar al delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero, ya que presuntamente los torturaron para que aceptaran su participación en el crimen, como lo dio a conocer este medio.
Eduardo Almaguer, fiscal del estado, dijo que será la PGR quien determine en su momento si los oficiales violentaron las garantías individuales de los indiciados.
“Se ha iniciado en la Procuraduría General de la República una investigación en ese sentido, nosotros estamos colaborando y coadyuvando con la PGR y al término que ellos lleguen, ejercerán la acción penal que corresponda, nosotros hemos acercado todos los elementos y todos los testimonios, en este caso los indicios que presentó la Fiscalía General son indicios relevantes para el acto que se cometió y se sigue investigando como coadyuvantes ya que la PGR está facultada, y quien lleva a cargo las investigaciones fundamentales”.
El fiscal dijo que hasta el momento no se ha iniciado una investigación en el área de Visitaduría por estos hechos, porque la familia de los supuestos afectados no ha presentado alguna denuncia al respecto.
Actualmente las seis personas están en el reclusorio metropolitano señaladas de cometer el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, pero no han sido consignados por el homicidio del ex presidente del PRI estatal, Javier Galván.
