Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la empresa Odebrecht que frena por el momento el pronunciamiento que iba a realizar la Secretaría de la Función Pública (SFP) en tres procedimientos administrativos que inició contra las filiales de esa compañía en México.
Este caso no guarda relación con las investigaciones que realizan la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ni la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ambas de la Procuraduría General de la República, contra ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que presuntamente recibieron sobornos para adjudicar contratos a las filiales de la empresa brasileña.
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De acuerdo con registros judiciales, Odebrecht México promovió un amparo contra el artículo 48 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el que alegó que los incidentes que interpuso para su defensa ante la Función Pública le fueron desechados bajo el argumento de que los entregó fuera de tiempo.
Funcionarios del Gobierno Federal informaron que la Secretaría de la Función Pública interpondrá en los próximos días un recurso contra la resolución del juzgado.
El juicio de garantías promovido por Odebrecht quedó registrado bajo el número 1333/2017, en el juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México.
En julio del presente año, la Secretaría de la Función Pública inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios, relacionados con un contrato de obra pública en la refinería Miguel Hidalgo, en contra de empresas filiales de Odebrecht y sus representantes legales.
La SFP detalló que, como parte de la investigación iniciada el 22 de diciembre de 2016, se realizó una auditoría transversal de los diversos contratos que suscribieron esta constructora y sus filiales con algunas dependencias de la administración pública federal, entre ellas Pemex, que "ha colaborado en dichas investigaciones".
En consecuencia, agregó, se identificaron probables irregularidades administrativas de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
