El 7 de septiembre de 2025, el gabinete de seguridad del Gobierno de México anunció la captura de 14 personas por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustible. Esta red, conocida como Los Primos, estaba presuntamente encabezada por miembros de la Secretaría de Marina (Semar).
Cuando se habla de huachicoleo, una de las primeras escenas que llegan a la mente es la de las tomas clandestinas instaladas en los ductos de hidrocarburos en el país.
Al buscar esta palabra en internet, los motores de búsqueda arrojan imágenes relacionadas con la extracción ilegal de combustible y su traslado en galones de plástico para su venta. Sin embargo, las actividades que dan pie a este delito puede tener impactos económicos que, muchas veces, resultan invisibles.
En consideración de Guadalupe Correa Cabrera, investigadora especializada en crimen organizado, la compra directa de este combustible a pequeña escala —como suele ocurrir en carreteras de México— es apenas "un punto mínimo en medio de toda esta red". ¿Cómo se sostienen las operaciones del llamado huachicol fiscal? En MILENIO te compartimos los detalles.
¿Qué es el huachicol fiscal y cuál es su impacto?
Correa Cabrera, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, compartió en entrevista con este medio algunas precisiones para entender qué es el huachicol fiscal.
Acorde con la investigadora, esta actividad puede ser definida como la importación de combustibles a México, en particular gasolina o diésel, en forma de otros productos para no pagar los impuestos correspondientes, o bien, para pagar una tarifa menor a la establecida por la ley.
A pesar de la robusta industria que hay en México, el país no cuenta con la capacidad de refinar todo el petróleo que se produce para cubrir la demanda de gasolina y diésel. Frente a tal escenario, Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras compañías exportan los hidrocarburos a refinerías en Estados Unidos para regresarlos al país en forma de combustibles listos para su venta.
En esa serie de operaciones, distintos actores importan la gasolina y el diésel utilizando fracciones arancelarias distintas para eludir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Este impuesto es un gravamen que se cubre por la producción y venta o importación de gasolina, diésel, bebidas alcohólicas, cerveza, tabacos labrados, refrescos y comida chatarra. Según lo establecido en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las tarifas aplicables a la importación de combustibles durante 2025 son:
- Gasolina magna o regular (menor a 91 octanos): 6.4555 pesos por litro
- Gasolina premium (mayor o igual a 91 octanos): 5.4513 pesos por litro
- Diésel: 7.0946 pesos por litro
Para llevar a cabo esta simulación, los involucrados envían los cargamentos a México haciéndolos pasar por productos como lubricantes o aceites debido a que estos líquidos no están sujetos al pago del IEPS.
En su Informe Tributario y de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que un aproximado de 66.7 millones de barriles de combustible ingresaron al mercado de manera ilegítima. Esta cifra representó 14% de la demanda real en el país durante ese año.
En el último par de años, el SAT no ha incluido cifras respecto al contrabando de combustibles en sus informes trimestrales, pero la consultora PetroIntelligence publicó en febrero de 2025 un reporte sobre el posible impacto del huachicol fiscal en las recaudaciones.
Acorde con el documento, en 2024 el SAT dejó de recaudar 177 mil 170 millones 295 mil 672 pesos por conceptos del IEPS y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a causa del huachicol fiscal.
Los millones de barriles de lubricantes que nadie necesitaba
En 2021, la demanda real de lubricantes —es decir, aceites básicos y terminados— en México fue de aproximadamente 5.5 millones de barriles, pero las importaciones de estos productos ascendieron a más de 26 millones de barriles.Debido a que ese ingreso no tenía sustento alguno en la actividad económica del país, el SAT reconoció que era un reflejo de la evasión de impuestos vinculada al contrabando de combustibles.
¿Cuál es el posible origen del huachicol fiscal?
En mayo de 2009, en un hecho sin precedentes, Donald Schroeder, entonces presidente de la empresa Trammo Petroleum, se declaró culpable de haber participado en un esquema de compra y reventa de gas condensado que había sido robado a Pemex.
"El producto robado fue vendido por estos importadores a otras compañías estadunidenses, incluyendo Continental Fuels, Murphy Energy Corporation y Trammo Petroleum. Las empresas después vendieron el condensado a compañías más grandes en Estados Unidos, como BASF. Las importadoras enviaron camiones cisterna cargados con condensado robado desde México hacia Estados Unidos a través de los puertos de entrada en la frontera [...] El señor Schroeder y otros fueron responsables por la venta y el traslado de aproximadamente dos millones de dólares en condensado robado en 2009, aunque los beneficios recibidos por Trammo Petroleum fueron de alrededor de 150 mil dólares", puede leerse en los documentos consultados por MILENIO.
Desde ese entonces ya se tenía identificada la existencia de estas redes, pero el robo de gasolinas alcanzó una dimensión "estratosférica" durante el período de Enrique Peña Nieto, en el contexto de la reforma energética, según las observaciones de Guadalupe Correa.
En abril de 2016 entró en vigor la liberalización de la importación de la gasolina. Con ello, la Secretaría de Energía (Sener) comenzó a otorgar permisos para introducir este combustible a quienes estuvieran interesados, bajo el argumento de incrementar las alternativas de abasto y de fomentar la libre competencia en el mercado.
Una vez que el gobierno permitió que la importación de gasolinas ya no fuera una actividad exclusiva de Pemex, varias redes criminales identificaron esto como una oportunidad para evadir impuestos.
Según datos compartidos por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), entre diciembre de 2020 y octubre de 2021 la SENER canceló mil 866 permisos para la importación de hidrocarburos debido a inconsistencias en los procesos y la documentación de los beneficiarios.
La base de datos de la Secretaría actualizada hasta el 31 de mayo de 2024 permite conocer que en México existían mil 931 permisos de importación y exportación de petrolíferos en ejecución. De esa cifra, al menos mil 592 ya habían perdido su vigencia para abril de 2025, pero se desconoce cuántos fueron renovados.
Autoridades, empresas y personal de Pemex: los actores invisibles en el huachicol fiscal
En un reciente informe, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) señaló como actores principales del contrabando de combustible a cárteles mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.
Para Correa Cabrera, esta problemática va más allá, pues estas redes delictivas se sostienen gracias a su colaboración con autoridades y personal de Pemex "de las más altas esferas" que pocas veces se mencionan.
"No se puede entender un robo de esta magnitud sin el conocimiento o sin la participación directa o indirecta de dos actores clave: trabajadores de Pemex y las Fuerzas Armadas", aseguró la especialista.
Durante 2024, la Guardia Nacional desplegó a mil 778 elementos en 88 bases de operaciones a lo largo de 12 ductos de Pemex. Esta misma corporación escoltó a un total de 149 mil 412 vehículos autotanques que transportaban hidrocarburo a las terminales de almacenamiento y despacho. En el mismo año, la paraestatal identificó diez mil 396 tomas clandestinas en su sistema de distribución.
Un tercer actor de gran relevancia en esta red criminal, acorde con la investigadora, son las refinerías de Estados Unidos que reciben el petróleo crudo y otros hidrocarburos para procesarlos y convertirlos en gasolina.
"Los operativos del gobierno federal solamente están llegando a empleados, empresarios de bajo o mediano nivel, pero ¿qué pasa con las refinerías? ¿Qué pasa con toda esa cadena de suministro para poder hacer toda estas operaciones multimillonarias?", cuestionó Correa Cabrera.
Hacia el final de la charla, la especialista en la materia señaló que mucha gente criminaliza a quienes compran combustible robado a nivel local, pero eso "parece ser más bien una consecuencia de algo más grande".
"El jefe de plaza sí está vinculado a eso, le toca su tajada, por supuesto que sí, pero es parte de toda una red de intereses donde todos participan y operan a muchísimos niveles. Lo que les conviene a los corruptos es que haya un chivo expiatorio", sentenció.
BM.
