Mario Alberto Oliva Ruiz, ex director de Administración de los Servicios de Salud del estado de Morelos (SSM), fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
De acuerdo con funcionarios federales, al ex servidor público se le señala por un supuesto desvío de recursos federales del sector salud de Morelos, existiendo un saldo pendiente de recuperar por más de 700 millones de pesos, correspondientes al periodo de 2006 al 2012.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron el mandamiento judicial. La orden de aprehensión fue otorgada por un juez federal en el estado de Morelos, después de que la FGR consignó un expediente contra Oliva Ruiz y otras personas, por el supuesto desvío de recursos.
La detención se realizó en un domicilio que se localiza en las inmediaciones de la colonia Las Delicias, en Cuernavaca. Alberto Oliva fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social en Atlacholoaya, que se encuentra en el municipio de Xochitepec, donde quedó interno y a disposición del juez.
A principios del presente año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la sanción impuesta a Mario Alberto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por más de 148 millones de pesos, prescribió.
El Tribunal declaró la nulidad lisa y llana a la resolución dictada el 6 de octubre de 2020 por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
Oliva Ruiz ocupó el cargo de director de Administración de los Servicios de Salud en los últimos meses de la administración del gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo.
El magistrado Carlos Chaurand Arzate expresó que el plazo de prescripción corrió del 2 de octubre de 2012 (fecha en que Oliva Ruiz dejó de ejercer el cargo) y feneció el 2 de octubre de 2017, cuando culminó el plazo máximo de cinco años previsto en la legislación que estaba vigente para imponer la sanción.
