La inesperada atención mundial en las instituciones de Guerrero a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa reveló “un sistema de justicia totalmente inadecuado para los retos que plantea la investigación de éste o cualquier otro caso de atrocidades”, señaló la organización Open Society Foundation.
En el informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, que se presentará el miércoles en Chilpancingo, la organización afirma que “el sistema de justicia en la entidad es inadecuado principalmente por falta de voluntad política y no sólo por falta de recursos”.
La organización destaca además que “el sistema de justicia de Guerrero es deficiente, en esencia, porque sus incentivos son incorrectos. La policía es contratada para intimidar y reprimir oponentes políticos o para reaccionar a los delitos mediante el uso de la fuerza; y la corrupción fuera de control implica que muy a menudo la policía sirve como el brazo armado de las redes criminales. La policía no es contratada para prevenir o investigar delitos”.
Afirma que cuando la policía y los funcionarios a cargo de la investigación de un delito deben mostrar resultados en los tribunales, por lo general se basan en confesiones obtenidas mediante tortura, por lo que no son confiables, además de que que esta tortura queda impune, pues son los mismos colegas policías y otros funcionarios cercanos quienes están a cargo de la investigación de esos abusos.
"La desaparición forzada de los 43 estudiantes persiste al día de hoy, y es un reflejo de las pervertidas prácticas que resultan del tráfico de drogas, la militarización, la pobreza, la ilegalidad y la corrupción en Guerrero”. afirma pen Society Foundation.
Para la elaboración de este informe Justice Initiative, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se dieron a la tarea de comprender la dimensión de las atrocidades que suceden en Guerrero – en concreto de las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la tortura– así como de identificar los motivos por los que el sistema de justicia penal de Guerrero ha desatendido tan gravemente a las víctimas de estos crímenes.
El informe de 92 cuartillas ofrece el primer análisis exhaustivo de la voluntad política y la capacidad técnica del estado de Guerrero para investigar, perseguir y llevar a cabo procedimientos justos en contra de los presuntos perpetradores de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.
Cuestiona el porqué ha habido tan poca justicia por las atrocidades que ocurren Guerrero y concluye a su vez que la causa principal es de naturaleza política.
La elección de un nuevo gobernador “constituye una oportunidad para reconocer la magnitud y naturaleza de la crisis, evaluar fracasos pasados e implementar medidas firmes para la investigación y sanción de homicidios, desapariciones forzadas y torturas en Guerrero. Esto sería un primer paso para generar confianza en una ciudadanía descontenta”, concluye la organización.
