La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cumplieron con las disposiciones legales en el manejo de recursos en el ejercicio fiscal 2018, lo que contrasta con los señalamientos realizados desde el interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la gestión del ministro Luis María Aguilar Morales.
Antes de concluir la administración de Aguilar Morales, el ministro solicitó que se auditara el último año de gestión.
A través de un informe en la Corte y el CJF, el ministro Aguilar Morales hizo saber a los integrantes del PJF que pidió a la Auditoria Superior de la Federación que realizara auditorias a todos los programas sustantivos de ambas instituciones, incluidos los de construcción de infraestructura, ello en el marco de la fase final del nuevo sistema penal acusatorio, para lo que se refiere al PJF.
“Esta solicitud fue hecha guiado por dos razones. La primera, porque soy un convencido de que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y, segunda, porque se trata de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. Un tribunal constitucional no puede, por esencia, conducirse fuera de estos parámetros.
“Por esa razón, hago públicos las resultados del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, último año de mi periodo, en el cual se incluye la revisión de los fideicomisos que se publican periódicamente en el Diario Oficial de la Federación.
“Asimismo, es importante aclarar que lo que se denomina ‘observaciones’ no son irregularidades, sino indicaciones de que la entidad auditada debe aclarar con mayor información el gasto o las acciones, lo que se solventa a partir de ello en el curso de la auditoria”, detalle el informe.
En el apartado de Fondos y Fideicomisos, en el dictamen de la ASF emitido el 10 de junio, se menciona que, en términos generales, la Corte, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por aspectos como:
“Los 11 fideicomisos y un fondo en los que participan los órganos del Poder Judicial de la Federación mantienen al 31 de diciembre de 2018, en conjunto, un saldo de 15 millones 514 mil 113.8 miles de pesos, y las erogaciones en ese mismo ejercicio ascendieron a un millón 023 mil 613.5 miles de pesos, lo que representa que del total de los recursos disponibles en los fondos y fideicomisos, sólo fue utilizado el 6.6 por ciento.
"Esta circunstancia se ha presentado en por lo menos los últimos 10 ejercicios, en los que, en promedio, únicamente se ha utilizado el 4.9 por ciento del saldo total de dichos instrumentos jurídicos, en virtud de que su constitución, operación, administración y extinción se rigen por Acuerdos de sus Órganos de Gobierno que no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos”.
No se menciona alguna desviación o uso indebido o no justificado de los montos de los Fideicomisos revisados, sino, en todo caso, lo contrario, poca disposición de ellos.
Por lo que hace al Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, el dictamen del 12 de junio, también se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, por mencionar algunos.
