En menos de 36 horas, lo que debía ser un tratamiento contra las drogas terminó en tragedia. Alejandro Garín Velasco, un joven de 35 años, trabajador y con proyectos de vida, fue internado en un centro de rehabilitación en Guadalajara y perdió la vida luego de haber sido brutalmente golpeado, denuncia su madre, Georgina Velasco, quien mostró evidencias a MILENIO.
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La Fiscalía ocultó la muerte ocurrida el 8 de julio. El día 15 se limitó a informar, a través del comunicado 0778/2025, que en un despliegue realizado el pasado 11 de julio por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) y el Ayuntamiento de Guadalajara, “no se encontraron irregularidades en los permisos de funcionamiento del establecimiento”.
Un conteo realizado por MILENIO, a partir de boletines de la Fiscalía, revela que en lo que va del año suman 12 muertes sospechosas en anexos. Pero el caso de Alejandro Garín no forma parte de las estadísticas oficiales.
De la esperanza a la tragedia
El domingo 6 de julio, Alejandro ingresó al centro ubicado en Esteban Alatorre, casi esquina con Juan Covarrubias, en Guadalajara. El lugar, de fachada verde, aparentaba legalidad: mostraba licencias de Cofepris, expedientes clínicos y un supuesto equipo de médicos, psicólogos y psiquiatras. Para Georgina, que buscaba ayudar a su hijo tras un posible consumo de drogas, todo lucía en orden. Eso le dio paz y tranquilidad para dejarlo internado y volver a casa.
Antes de internarlo, Alejandro se había sentido mal y terminó en urgencias médicas, aparentemente por un infarto. “Él y otro amigo fueron a la Cruz Roja a atenderse, y cuando yo llegué a la Cruz Roja, no sé, algo le vi que le dije: ‘Hijo, fíjese que esto no es una cuestión de infarto; creo que es una situación de drogas y yo necesito hacer algo para ayudarte y detener esto a tiempo’. Entonces él me dice: ‘Pues no estoy de acuerdo, pero si tú dices que es lo correcto para que podamos salir adelante, yo voy a donde tú me digas’”, relata Georgina.
Al día siguiente, la familia recibió la primera actualización: todo marchaba bien. Pero a las 8:00 de la mañana del martes, Georgina recibió una llamada en la que le informaban que Alejandro había sufrido un infarto. “Lo que es el destino”, pensó, y volvió a la Cruz Roja.
Georgina pidió ver a su hijo, pero se enfrentó a una cruda realidad: tenía señales evidentes de violencia. Presentaba marcas de ahorcamiento en el cuello, golpes en el rostro, le faltaban dientes, tenía dos heridas profundas en el costado y los ojos hinchados, llenos de sangre.
“Le veo que tenía unas señales de ahorcamiento en el cuello, que tenía dos aberturas en su lado izquierdo, que tenía los ojitos hinchados de sangre y su boca totalmente golpeada, sin dientes; ahí me di cuenta que había sido un homicidio. Lo arrastraron, lo llevaron casi desnudo, en bóxer, y lo dejaron caer diciendo que solo se había desvanecido”, cuenta la madre.
El peritaje forense confirmó que Alejandro llegó con muerte cerebral, aunque el corazón aún latía, y que además tenía destrozados los pulmones e hígado.
“En el Semefo me atendieron muy amablemente, me enseñaron todas las fotografías de cómo mi hijo fue amarrado de pies y manos, de cómo tuvo esos ahorcamientos, de cómo le quebraron las costillas, le destrozaron sus pulmones, le lastimaron su hígado, le provocaron un derrame cerebral que cuando llegó a la Cruz Roja ya tenía muerte cerebral, aunque su corazón seguía latiendo; se le interrogaba y lo único que atinaba era a balbucear por la muerte cerebral que ya presentaba; lo llevaron casi desnudo, en un bóxer, sin ropa”, dice conteniendo el dolor.
El personal del centro, encabezado por un hombre identificado como Carlos Abelardo, intentó justificar la muerte. Primero alegaron un infarto; luego dijeron que Alejandro tenía VIH y que sufría convulsiones, lo que habría provocado sus lesiones. Después ofrecieron devolver una parte del dinero pagado por el internamiento, con el argumento de que el resto se usaría en “gastos derivados del caso”.
“Me lo topé al salir de la Cruz Roja, me dijo que estaba muy, muy nervioso por la situación. Yo no entendía. Me dijo que me iba a regresar una parte del dinero porque la otra parte se le iba a quedar para los gastos de todo lo que había sucedido con mi hijo. Hasta después entendí que ese dinero lo quería para pagar los abogados para la defensa; dices: ‘¿Cómo, con el propio dinero?’”, denuncia Georgina.
Operativo sin respuestas
El 15 de julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco informó que en un despliegue realizado el pasado 11 de julio en el centro de rehabilitación no se encontraron irregularidades para impedir que continuara operando. Pero nunca se informó sobre la muerte ocurrida en ese lugar, a pesar de que la Fiscalía tenía conocimiento del caso.
Aun con la ausencia de anomalías, el operativo arrojó resultados: se ofreció atención a 62 personas internas, se capturó a una persona con orden de detención y se localizó a otra con ficha de desaparición. Sin embargo, del caso de Alejandro no hubo una sola mención.
Respecto a este operativo, Georgina mencionó: “Eso pasó cuando las autoridades fueron a hacer el levantamiento de pruebas, es decir, del día 8 hasta el día 11 les dieron chance de limpiar y desaparecer evidencia, eso pienso yo”.
MILENIO supo del caso desde julio, a unos días de la muerte de Alejandro. La madre adelantó la historia, pero pidió tiempo para prepararse emocionalmente antes de contar los detalles. Fue en agosto cuando accedió a narrarlos nuevamente. A la Fiscalía de Jalisco se le solicitó información sobre el caso, pero no hubo respuesta.
Un interno identificado como Miguel contactó a Georgina y le contó cómo fue testigo de los actos atroces que le arrebataron la vida a su hijo. Dijo que Alejandro fue castigado con la práctica llamada “esquinado” —obligarlo a permanecer frente a la pared— y que lo mantenían bajo vigilancia de dos guardias, identificados como Rodrigo y Daniel. Al presentar dificultades para dormir, le habrían administrado clonazepam de manera forzada, incluso por la nariz y la boca.
Según Miguel, esa decisión fue autorizada por los “padrinos” del lugar. Indicó que vio a Alejandro muy golpeado, con el rostro morado y con un protector en la cara, aparentemente para cubrir las lesiones.
Tras el deceso de Alejandro, los internos fueron encerrados en dormitorios mientras los padrinos mantenían una actitud seria. Al día siguiente acudió la Fiscalía al centro de rehabilitación para iniciar declaraciones.
De víctima a la lucha
La madre del joven asegura que el caso de su hijo no es aislado. A partir de su propia investigación y divulgación del caso, encontró testimonios de otras familias que señalan al mismo centro por al menos ocho muertes registradas en 2025, además de denuncias por abusos físicos y sexuales.
Georgina sostiene que muchos de esos procesos no han prosperado porque las familias carecen de recursos, tiempo o porque temen represalias. “Me han buscado personas que perdieron a sus hijos ahí. Otros hablan de jovencitas que sufrieron abusos sexuales”, señala.
Desde el fallecimiento de su hijo, Georgina impulsa ahora una demanda colectiva contra el centro y habilitó una página en Facebook, La Verdad No Se Anexa, para reunir testimonios. Ahí invita a otras familias a denunciar, incluso de manera anónima.
“Yo estoy invitando a todas las personas que hayan pasado por una situación de abuso, incluso de tipo sexual con jovencitas. Estamos reuniendo testimonios para hacer una demanda colectiva para quien se quiera unir y todo lo que se pueda hacer anónimamente, con todo gusto. Yo voy a estar recibiendo todas las llamadas y yo les puedo estar orientando, diciendo hacia dónde podemos caminar y cómo nos podemos organizar para que este tipo de situaciones paren”, asegura.
El llamado de Georgina es contundente: “Dicen que no es el primer ni el último fallecido, que es algo que pasa. Yo digo todo lo contrario: no tiene por qué pasar. Esto se tiene que terminar. No quiero que más madres pasen por lo mismo. A mí me engañaron con papeles y oficinas, pero por dentro lo que ocurre es tortura y muerte”.
SRN
