En 1993, el Banco Mundial publicó Invertir en Salud, un documento que pronto se convirtió en la guía de reformas en la materia en diferentes países. Estas reformas debían seguir tres principios: difusión de información sobre enfermedades, prestación de servicios de salud eficaces y medidas de gobierno para compensar la incertidumbre y deficiencias del mercado de seguros. Y ahí también una advertencia: si los gobiernos intervenían, debían hacerlo de forma inteligente para no correr el riesgo de exacerbar los problemas que tratan de resolver.
Invertir en Salud generó optimismo, pero en el fondo promovía un mercado privado y muchos países transitaron de una lógica de satisfacción de necesidades a una de mercado. De ahí que en 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera a conocer la resolución sobre Financiación sostenible de la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad, y definió la cobertura universal como el acceso a una adecuada atención preventiva, curativa y de rehabilitación para todas las personas.
Para entonces el modelo planteado en Invertir en Salud ya había servido de base para la reforma a la Ley General de Salud de 2003. Se creó el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo y financiero: el seguro popular. Además se planteó el compromiso de alcanzar cobertura universal en salud en 7 años, lo que no se logró. Para 2018, 22.4 millones de personas no tenían acceso a servicios públicos de salud (INEGI 2019).
Las razones del fracaso han sido ampliamente discutidas: la segmentación y fragmentación del sistema nacional de salud; la falta de recursos financieros, físicos y humanos suficientes, y la mala distribución. A esto se sumó los efectos negativos de separar la regulación, la administración de fondos y la prestación de servicios.
Y surgió un problema adicional: el seguro popular no cubría todas las enfermedades y riesgos. A través de un paquete básico para 294 intervenciones médicas, contenido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), dejaba a un lado la patología que con mayor frecuencia enferma y mata a los mexicanos: las enfermedades del corazón para mayores de 65 años o algunas enfermedades del hígado y tumores malignos y tipos de cáncer. Además, en el primer nivel sólo había consulta curativa.
Por eso al hablar de Dinamarca en la transformación del sistema de salud de nuestro país, nos referimos a un sistema que garantiza el acceso y cobertura universal, sin discriminación, para todas las personas. Es decir: el derecho de todos a todo. Esto incluye servicios integrales adecuados, oportunos, de calidad y medicamentos gratuitos.
Para lograrlo se crece y se invierte en 4 rubros:
UNO. Rehabilitación, mantenimiento y conservación de infraestructura. A la fecha se han invertido 2 mil 612 millones de pesos para dignificar unidades.
DOS. Rehabilitación y sustitución de equipo. Se han habilitado máquinas de anestesia, lámparas y mesas quirúrgicas, equipo médico, de soporte de vida, electromecánico, refrigerante, gases medicinales, de cómputo. En 24 hospitales de 10 estados los quirófanos no funcionaban y a la fecha 30 quirófanos han sido rehabilitados. Además se han adquirido 86,237 nuevos equipos por 5 mil 446 millones de pesos.
TRES. Cobertura de plantillas de personal donde han sido contratados 4,988 especialistas.
Y CUATRO. Abasto de medicamentos. En lo que va de la transformación se ha pasado del 54% al 94%.
Con el IMSS Bienestar la salud es un derecho universal para todos y todas.
Mientras escribo: Va mi amplia felicitación al Dr. Rafael Medrano Guzmán y al Dr. Jorge Loria, ambos reconocidos por el Consejo de Salubridad General con la Condecoración Eduardo Liceaga y Premio Ignacio Chávez de Humanismo, respectivamente. Sin duda los mejores profesionales están en el IMSS.
