El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha sorprendido por su impotencia para resolver, informar o siquiera conocer los detalles del caso que lleva la fiscalía de su estado sobre el asesinato de la joven Debanhi Escobar.
Muchos se preguntan por qué el gobernador o el Congreso estatal no llaman a cuentas a su fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, quien continúa en su puesto a pesar de haber conducido una investigación mediocre y de declarar que la mayoría de las desapariciones de mujeres son por “rebeldía” y “decisión voluntaria”.
La respuesta es sencilla: Samuel García y su congreso son impotentes debido al pernicioso diseño legal de la fiscalía estatal.
Este diseño ha convertido a los gobernantes en auténticos impotentes, al subordinarlos a procesos que supuestamente privilegian la autonomía y a la ciudadanía, pero que en realidad son disfuncionales, innecesariamente intrincados y propensos a la captura política.
Con el diseño actual (cabildeado desde la sociedad civil empresarial) remover al fiscal y poner a otro se ha vuelto de facto imposible. Para hacerlo se tiene que esperar a que un “comité de selección” ciudadano, que no existe, envíe al Congreso la lista de candidatos a fiscal.
Dicho comité no existe porque su integración es demasiado compleja, requiriendo que se realicen análisis ridículamente intrincados como árboles genealógicos de cada candidato a fin de conocer las ocupaciones de sus familiares hasta el tercer grado. La idea es evitar que el comité tenga relación alguna con cualquier cosa que huela a política.
A razón de esta complejidad, el procedimiento se presta a todo tipo de atorones legales. Por ejemplo, actualmente el proceso se encuentra suspendido por el juzgado segundo en materia administrativa porque un ciudadano, Carlos Sánchez Aguirre, se amparó argumentando que el proceso es discriminatorio, pues no permite que todos los ciudadanos compitan.
Muchos más amparos pueden sucederse porque, en efecto, la ley del sistema estatal anticorrupción de Nuevo León fue creada por cabilderos afines a grupos empresariales que impusieron amplios candados para limitar el mote de “ciudadano” a personas expertas y ungidas por la sociedad civil de abolengo.
Así, el fiscal de Nuevo León puede dormir tranquilo sabiendo que nadie lo removerá porque hacerlo dejaría a la fiscalía descabezada por meses.
Es momento de reformar la ley de la fiscalía y del sistema anticorrupción a fin de volver a mecanismos más sencillos de selección y remoción de fiscales, como votaciones por mayorías calificadas del Congreso.
Las leyes actuales son disfuncionales porque surgen de un miedo y desconfianza extremos hacia todo lo que huela a política electoral. Por ello, en vez de que la sociedad se organice para ganar elecciones por medio del voto popular e influir desde dentro, la sociedad se ha organizado para limitar al punto de la impotencia a las autoridades y sujetarlas a designios de externos con el mote de ciudadanos. Esto ha creado monstruos institucionales, autocracias legales disfrazadas de autonomía y ciudadanía.
El fetichismo por la no-política debe terminar. Los feminicidios lo muestran con claridad.
Viri Ríos
TW: @Viri_Rios
IG: viririosc
